Lo de la asistencia sanitaria gratuita y universal se está convirtiendo en el gran mito del siglo XXI. Este servicio, concebido como hasta hace unos años, servía para equiparar a todos los españoles, incluyendo a extranjeros, ante el acceso a la asistencia médica.
A este ritmo, los que hemos disfrutado de este sistema y todavía no hemos llegado a la treintena seremos de los últimos que podremos contar a nuestros hijos que antes el Estado se preocupaba por la salud de sus ciudadanos y no solo por la salud de los bolsillos de banqueros o de los adjudicatarios de la gestión de hospitales privatizados.
Pongo un ejemplo, como diría Paco Gandía, verídico. Una persona que se detecta un bulto en el pecho, tras pasar por su médico de cabecera, debe esperar al menos un mes para que le den cita para practicarle una mamografía, prueba que determinará si debe ser o no intervenida.
Y llegados a este punto, toca otra vez armarse de paciencia. En el peor de los casos, en el que se tenga que practicar una cirugía, podrá esperar hasta 180 días de plazo legal, según el decreto de garantías de tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas, el Decreto 209/2001 del 18 de septiembre para pasar por quirófano.
Lo que llama la atención es que este mismo caso, por la vía privada, incluyendo mamografía, biopsia, demás pruebas, la operación y estancia hospitalaria, se reduce a aproximadamente 15 días.
¿Qué diferencia hay? ¿Es mejor la asistencia en una clínica privada que en el sistema sanitario público? ¿Se dispone de mejores profesionales? La respuesta es rotundamente no. La diferencia es tan solo de caja, de dinero. A golpe de euros los plazos, como se puede ver, son casi inexistentes.
Además de notificarle que padece un cáncer, que debe esperar para empezar a curarse, a la persona de este ejemplo habría que decirle que tiene que afrontar el pago de su tratamiento, que en muchos casos suele ser de por vida, aunque optase por la vía pública. En un reciente BOE, el del jueves 19 de septiembre de 2013, conocimos una resolución que sometía al copago algunos medicamentos que se dispensan a enfermos no hospitalizados en las farmacias de los hospitales. Hablamos de personas como esta con enfermedades como cáncer, leucemia o hepatitis que, a partir de octubre, deberán abonar el 10% de sus medicinas, con un tope máximo de aproximadamente 4 euros. ¿Lo del tope es para sentir menos remordimientos, señora Mato? Porque se me ocurren otras muchas formas de afrontar ese gasto por paciente, señora Ministra, pero no quiero ser soez.
El problema aquí no son los 4 euros en sí, sino que asistimos a un desmantelamiento -ni en diferido ni simulado- de la sanidad pública, lo que nos va a obligar a tener que pagar por servicios que hasta ahora ya se prestaban sin necesidad de abonar nada. De la voluntad de pagar por recibir una atención de otro tipo, vamos a pasar a la obligatoriedad de pagar por recibir cualquier tipo de atención. Me corrijo, señora Mato, porque no es pagar sino repagar por un servicio que de por sí ya estamos sosteniendo con el dinero de todos.
Que la alternativa privada, señora Mato, está muy bien. Pero para quien así lo quiera y se lo pueda permitir. ¿O acaso usted olvida que hay cerca de dos millones de familias con todos sus miembros parados?
Con todo esto, una no puede evitar caer en la trampa y hasta plantearse la posibilidad de contratar un seguro privado, ‘por si las moscas’. Ese es su verdadero objetivo, que ante el temor lógico por nuestra salud abramos la chequera. Pero, señora Mato, ser hija de ex empleada del SAS me ha permitido ver el gran esfuerzo que a diario hacen los profesionales del sistema sanitario público andaluz, por lo que recurrir a esta vía se me antoja desleal para con todos ellos. Este corazón, con soplo incluido, es un romántico.
Dilemas aparte, en casos como este me alegra que algunas competencias, como la sanidad, recaigan en las comunidades autónomas, que no todo lo van a hacer mal. Me es grato saber que Andalucía (PSOE) no quiere aplicar este copago que se estima afecta a 90.000 pacientes andaluces crónicos y con enfermedades graves. También me agrada ver que en esta cruzada no está sola y que cuenta con el apoyo de otras regiones como el País Vasco (PNV) o Castilla y León (PP), por lo que parece que más que hacer política de esto aún impera algo de sentido común en los partidos.
Ante este totum revolutum es normal que quiera dar marcha atrás, señora Mato, incluso plantear la posibilidad de ser flexible en la aplicación de esta medida. Nunca es tarde para enmendar la plana, señora Ministra, pero dudo mucho que cambie usted de rumbo viendo su predisposición. Se sacará otro conejo de la chistera pronto, seguro.
Y por si no estuvieran claras sus intenciones y las de su Gobierno, señora Ministra, lo de la operación de cadera de su Majestad el Rey Juan Carlos I en la clínica privada Quiron ha venido al pelo para demostrar que lo de la salud ciertamente es cosa de Estado. De un Estado cuyo máximo representante apuesta por lo privado en lugar de apoyar la cuestionada y vapuleada sanidad pública.
Si ni usted lo apoya expresamente, Don Juan Carlos, ya sabemos lo que nos queda. ‘A-paga’, y vámonos.