El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha defendido este lunes que el Consistorio no puede «actuar, sancionar ni revocar las licencias» de los taxistas investigados por supuestas coacciones, amenazas o actos violentos hasta que medie una «sentencia firme». Y aunque ha reconocido que ofició la ceremonia civil de la boda del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, investigado junto con otros miembros de tal organización, ha alegado que su «responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas».
Actualmente la Policía Nacional se encuentra investigando los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones entre los propios taxistas para monopolizar la parada del Aeropuerto de Sevilla. La Policía ha dividido sus actuaciones en las supuestas amenazas a los VTC y en las investigaciones de las coacciones en el aeropuerto.
En las segundas diligencias figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero. La semana pasada salió a la luz que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a supuestas sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían «fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación».
No se puede actuar hasta que no haya una sentencia condenatoria firme
Al respecto, Cabrera ha mostrado su «total respeto» por la investigación, manifestando que no le corresponde «verter consideraciones o elucubraciones, como consta en los informes de la Policía», sino «velar siempre por el cumplimiento administrativo de las ordenanzas» municipales que regulan el sector local del taxi.
Ha defendido que durante el actual mandato, con él mismo al frente de las áreas municipales de Seguridad y Movilidad, ha sido elaborada una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para la Policía Local con una unidad «específica» para el aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa, contabilizando la Policía Local «el mayor número de inspecciones, sanciones o expedientes» a taxistas o conductores de VTC. «Son datos objetivos», ha dicho.
En paralelo, ha avisado de que el Ayuntamiento «no puede actuar, sancionar ni revocar las licencias» de los taxistas investigados, «hasta que haya una sentencia firme», por lo que ha apostado por esperar «a las conclusiones» del procedimiento judicial.
«Jamás he dado órdenes a la Policía Local para que no actuase ante una infracción o a un funcionario para que no se tramitase un expediente», ha explicado.