- El Gobierno ratifica su negativa a cobrar por visitar la Plaza de España
- El PSOE preguntará en el Congreso por la «privatización» de la Plaza de España
La vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ratificado la negativa del Ejecutivo al planteamiento de privatización de la Plaza de España impulsado desde el Ayuntamiento de Sevilla por el popular José Luis Sanz.
Ha sido el diputado socialista por Sevilla y vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha solicitado a la ministra Montero que manifestase durante el pleno la postura del Gobierno central, ante «la penúltima ocurrencia del alcalde» popular de Sevilla de «privatizar la Plaza de España», ya que Patrimonio del Estado, organismo dependiente de su cartera, es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas.
Ante la mencionada pregunta, la ministra Montero ha ratificado su negativa a las pretensiones de Sanz de cerrar la Plaza de España, asegurando que «el Gobierno no va a permitir ninguna privatización del espacio público» ni va a «cobrar por la visita a estos lugares porque los recursos públicos hay que gestionarlos bien y con eficacia».
La inyección económica estatal a Sevilla
Tras las insistentes peticiones del alcalde de Sevilla de recabar fondos con los que afrontar los costes de conservación y mantenimiento, la ministra de Hacienda ha avisado de que en los últimos años, con el actual Gobierno, el Ayuntamiento de Sevilla «ha recibido un 56 por ciento más de recursos» económicos que durante el gobierno Rajoy.
Montero ha advertido de que no se trata de una «cuestión económica», sino que en la propuesta de privatización de la Plaza de España pesa «simple y llanamente el interés de la privatización que siempre alumbra al PP» y el hecho de que Sanz «no sabe gestionar los recursos» con los que cuenta ni tiene «modelo de ciudad», sino que «está improvisando» con apuestas como esta.
Tras la intervención de Montero, el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha destacado que se trata de un espacio «mayoritariamente de todos los españoles», considerando que la propuesta de Sanz es «un nuevo dislate» del Gobierno local del PP.
Objetivo del Gobierno local
El Ayuntamiento es titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, propone al Estado, responsable de los bancos de las provincias, la galería y el edificio de este conjunto, un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar por la entrada.
Los ingresos de taquilla, según el Gobierno local de la ciudad, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, asegurando según el Ayuntamiento, el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo. En el interior del edificio, declarado bien de interés cultural (BIC), se encuentran las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
El objetivo, según el Gobierno de Sanz, es cosechar ingresos con los que «financiar la conservación» del monumento y «mantener un servicio de vigilancia las 24 horas» del día en el mismo, así como para abrir una escuela de «restauración permanente» para este emblemático monumento.