El Grupo Parlamentario Socialista ha elevado al Congreso de los Diputados la iniciativa del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de privatizar la Plaza de España y cobrar un importe a los turistas que deseen visitarla. La entrada a la plaza, diseñada por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929, tendría un coste para todos aquellos que no acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia.
Los socialistas han registrado una pregunta con respuesta oral en pleno dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De esta forma, pretenden constatar su posición de rechazo en este asunto, ya que Patrimonio del Estado, organismo dependiente de esta cartera, es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas.
En concreto el Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado, responsable de los bancos de las provincias, la galería y el edificio de este conjunto declarado bien de interés cultural (BIC), un convenio para privatizar este recinto monumental.
Reparto de los ingresos
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75% para las arcas municipales y un 25% para el Estado, asegurando el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
La idea, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que «financiar la conservación» del monumento y «mantener un servicio de vigilancia las 24 horas» del día en el mismo, así como para abrir una escuela de «restauración permanente» para este emblemático monumento de Sevilla, actualmente de pleno acceso público.
La propuesta ha encontrado de momento el rechazo de los empresarios del sector hotelero y de las agencias de viajes, así como la oposición de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda y de diferentes agentes sociales. Además, la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha pedido al Gobierno central que inyecte financiación a la conservación y vigilancia del monumento, para descartar el debate sobre su posible cierre.
El Gobierno se opone
El Gobierno central del PSOE y Sumar ha manifestado su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría «privatizar» esta plaza.
En ese sentido, a la hora de elevar el asunto al Congreso, el PSOE considera que el Gobierno local del PP está protagonizando «una apuesta privatizadora que hace que la ciudad se rija más por el peso del mercado que por el efecto de las políticas públicas».
«Nuestro patrimonio tiene una excepcional riqueza artística e histórica, así como una potencia cultural de primer orden que fragua nuestra identidad y que debemos disfrutar y conservar, a fin de transmitir su valor a las sucesivas generaciones. Ese patrimonio histórico también puede constituir, además, la base de un turismo sostenible de calidad y generador de empleo», sostiene el diputado socialista, que formulará la pregunta oral en la próxima sesión plenaria de control al Gobierno, que tendrá lugar el miércoles 13 de marzo.