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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una red criminal dedicada a la importación y venta de productos falsificados y han intervenido casi 250.000 artículos.
Los agentes han detenido a 39 personas, incluyendo cuatro detenciones en Sevilla, y han realizado 13 registros domiciliarios simultáneos y 22 inspecciones en almacenes y establecimientos abiertos al público en diferentes puntos de la geografía española.
La organización modificaba constantemente su modus operandi así como las formas de pago, las vías de entrada de la mercancía y de distribución del género, con la finalidad de evitar ser detectados.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal jerarquizada, integrada por ciudadanos senegaleses, asentada en España y perfectamente estructurada.
Dicha red se dedicaba, presuntamente, a la importación y venta de productos falsificados, y enmascaraba el origen ilegal de los beneficios a fin de integrarlos en los sistemas económicos y financieros legales tanto de España como de terceros países.
Las falsificaciones, unas veces, se llevaban a cabo mediante la propia creación o importación del producto (prendas de ropa, calzado, joyas, o artículos de marroquinería). En otras ocasiones consistían en la unión del artículo en sí con la etiqueta, adhesivo o serigrafía distintiva e inconfundible de determinadas marcas, vulnerando así los derechos de propiedad industrial de las marcas registradas.
La red vendía estos productos falsificados organizándose de manera piramidal
Con el avance de las pesquisas, los agentes acreditaron que los investigados llevaban operando desde, al menos, el año 2016. Por otra parte, evidenciaron que la organización contaba con una estructura piramidal, dinámica y con un claro y concreto reparto de las tareas ejecutivas entre sus miembros.
En la cúspide del entramado se encontraba una mujer que ejercía funciones de dirección y gestión. Esta se desplazaba, junto a terceras personas, de manera continuada y repetida a los países proveedores para importar los productos falsos y, a su vez, era la encargada de recibir la mayor parte de los beneficios económicos.
Una vez que los artículos estaban dentro de España, eran repartidos por todo el territorio, utilizando para su distribución puntos logísticos o empresas de paquetería. Esta tarea era desarrollada por miembros de la organización denominados vendedores relevantes o «buzones».
Por otra parte, entre estos y los anteriores se encontraba el jefe de distribución, a quien los líderes darían instrucciones para contactar con los vendedores relevantes.
Finalmente, en el último peldaño de la red criminal, se encontraban los vendedores base, es decir, los destinatarios finales de los artículos falsificados. La mayor parte de ellos eran ciudadanos africanos en situación irregular con escasos recursos económicos, y se dedicaban a comercializar directamente los productos a través del denominado top manta.
Estas personas, además, se ocupaban de recaudar parte del beneficio obtenido para entregarlo a terceros que, a su vez, acumulaban dinero de diversas procedencias para reenviarlo a los niveles superiores de la organización.