Esta mañana se ha celebrado, con carácter de urgencia, una nueva mesa de negociación en la Sede del Defensor del Pueblo Andaluz. Ni Ibercaja, entidad bancaria propietaria del inmueble, ni el Ayuntamiento de Sevilla han acudido al encuentro, a pesar de haber sido convocados.
Tras una reunión en la que ha participado un nutrido grupo de vecinas del edificio, el Defensor del Pueblo Andaluz, el señor Maeztu, ha pedido a las administraciones públicas que hagan todo lo posible por evitar un desalojo, previsto a partir del 15 de febrero, y buscar una solución para todas las familias que habitan el edificio.
Los colectivos y movimientos sociales que apoyan a la Corrala Utopía han manifestado que «el más profundo malestar por el desalojo forzoso del edificio decretado por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Sevilla» y consideran «perverso el ánimo de IberCaja por desahuciar a un grupo de familias sevillanas que han protagonizado una lucha ejemplar. No podemos tolerar que millones de viviendas, en su mayor parte propiedad de la Banca culpable de la crisis avalada por un sistema que ha respaldado el lucro y la especulación de los poderosos a costa de los ciudadanos, sigan vacías mientras miles y miles de familias pierden su hogar cada mes».
Para el Defensor Andaluz las diversas ocupaciones de viviendas públicas y privadas acrecienta la necesidad de que se dé prioridad a esta problemática desde las Administraciones competentes, y, si es necesario, también con la implicación de las entidades financieras -propietaria de muchas de las viviendas vacías-.
El Defensor ha hecho este llamamiento durante el transcurso de la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación de la Corrala Utopía, en la mañana de hoy viernes, para informarles de la respuesta de Ibercaja a la propuesta que le hizo llegar el pasado 30 de enero de los acuerdos de dicha Mesa.
Durante la reunión, el Defensor ha trasladado a la Mesa la intención de la entidad financiera de mantener su propuesta de garantizar un alquiler social durante un año fuera del inmueble. La Mesa ha concluido con el rechazo de la Corrala a esta propuesta y la petición acuciante de las familias afectadas de que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla se sienten para buscar una solución conjunta.