El 15M por la declaración de Emergencia Habitacional en Andalucía
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, insta al Gobierno central a paralizar los desahuicios «de forma inmediata» después de conocer la sentencia de la Unión Europea que considera «abusiva» la Ley Hipotecaria.
La Junta de Andalucía exige al Gobierno central que «se paralicen todos los desahucios de forma inmediata» y que se restituyan los derechos «vulnerados» por estos desalojos «con carácter retroactivo», algo que cree que las familias pueden y deben también exigirlo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado este jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
“Esta sentencia supone la muerte de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, que han consagrado un sistema de desahucios absolutamente injusto y violento, como llevamos años denunciando”, ha afirmado Cortés, que ha afirmado que la directiva de protección de los consumidores de la UE debió haber sido traspuesta al Estado español en 1994.
En declaraciones a la prensa, Cortés ha advertido de la responsabilidad política de los gobiernos «que se lavaron las manos y miraron para otro lado cuando se produjeron en este país tantos desahucios’, en clara alusión a los ejecutivos de PSOE y de PP. Y ha informado de que «se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde 2007» gracias a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria de las que la sentencia del tribunal europeo dice que «no responden ni dan protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas, no ha habido tutela judicial efectiva de lo que es un derecho humano que tienen las personas».
Cortés insta al Gobierno a aprobar la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo, a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, a trasponer la directiva comunitaria para proteger a consumidores de productos financieros, hipotecas o preferentes que han desprotegido a los consumidores».
La consejera de Fomento y Vivienda considera que «tanto la Junta como las propias familias estamos obligados a exigir al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios», algo que, junto al alquiler social «debe ser el punto de partida para el Gobierno central, que está obligado a restituir el derecho humano de la familia a una vivienda, porque aquí se ha ejercido una violencia sobre las familias que han perdido sus viviendas desde 2007 hasta hoy».
“El discurso de la culpabilización de la víctima, según el cual las familias firmantes de los contratos hipotecarios eran las culpables de su situación, ha quedado definitivamente desmontado. Las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio no deben permanecer en silencio. Tienen la razón y la justicia está de su parte”, ha concluido Cortés.