El COAS denuncia al delegado provincial por “ignorar” la labor que realiza la institución colegial.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla ha denunciado hoy que el delegado provincial de la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, Bernardo Bueno, impide “de forma arbitraria que el COAS tenga el representante que tradicionalmente ha formado parte de la Comisión Provincial de Patrimonio nombrado por este Colegio, argumentando, sin ningún tipo de fundamento, que no lo permite la legislación andaluza de protección del Patrimonio Histórico” y que este nombramiento sería una potestad reservada de la Junta de Andalucía.
La Comisión Ejecutiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla acordó el 19 de octubre de 2010 designar a su vocal de Actividades, Víctor Moreno, profesor del Departamento de Historia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, como el nuevo representante de la institución colegial en la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía, en sustitución de Pedro Sierra, que venía participando en esa tarea desde el 13 de julio de 2001.
“El COAS lleva desde entonces reivindicando su participación en este organismo, pero la delegación provincial de Cultura lo está impidiendo, manteniendo al respecto una actitud discriminatoria contra la institución colegial, a pesar de que uno de los cometidos estatutarios de los colegios profesionales de arquitectos es el de colaborar con las instituciones públicas para la defensa del patrimonio”, sostiene la entidad en nota de prensa.
Representantes del Colegio de Arquitectos mantuvieron una reunión el 26 de enero de 2011 con la delegación provincial de Cultura para intentar resolver el asunto. Tras la citada reunión, y al no recibir ningún tipo de respuesta por parte de la consejería de Cultura, el COAS envió el pasado 31 de enero de 2012 una carta al delegado provincial, Bernardo Bueno, para transmitirle su preocupación y solicitar de nuevo su participación en la Comisión de Patrimonio. “La misiva fue totalmente ignorada, por lo que el Colegio de Arquitectos ha remitido una segunda carta a la delegación provincial de Cultura, para insistir en su petición, dejando constancia de su disposición a una reunión con el delegado para resolver la cuestión”.
“El COAS lleva muchos años desarrollando una labor trascendental en la Comisión Provincial de Patrimonio, colaborando con la consejería de Cultura en la defensa de los valores patrimoniales y culturales, limitándose siempre a este objetivo y nunca interfiriendo en asuntos internos políticos o de gestión de gobierno”.
“Con esta participación, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla siempre ha garantizado la transparencia y la correcta gestión en las diversas iniciativas urbanísticas que se promueven para garantizar la conservación y la protección del patrimonio arquitectónico”, añade.
El decano del COAS, Ángel Díaz del Río, considera “absolutamente imprescindible” que no se excluya a la institución que preside de la Comisión de Patrimonio, “en la que participan otras asociaciones o colegios profesionales, por lo que la consejería de Cultura del Gobierno autonómico está manteniendo una actitud claramente discriminatoria con los arquitectos sevillanos”. “El COAS entiende”, agrega Díaz del Río, “que con esta decisión arbitraria la Junta de Andalucía pretende limitar la participación de técnicos en la citada Comisión, para así evitar la transparencia en las políticas de patrimonio”.
Para el decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, “esta decisión de la Junta de Andalucía supone un paso más en el maltrato a la profesión de los arquitectos, que ya se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, como en el sistema de adjudicación de contratos públicos sin concurso, que cuenta con numerosas sentencias en contra de los tribunales de Justicia”.
Además, “este obstruccionismo por parte de la Junta de Andalucía agrava aún más la complicada situación en la que se encuentran los arquitectos profesionales, que aparte de tener que hacer frente a la crisis económica sufren, como práctica habitual, el castigo de unas condiciones abusivas que impone la Administración regional en la adjudicación de contratos, con condiciones leoninas de todo tipo y demoras en los pagos”.