La operadora deportiva, que cerró sus instalaciones el pasado mes, señala como culpable de la falta de acuerdo con el gobierno local a la división dentro del gobierno socialista. La empresa culpa a la competencia de otros centros municipales.

La operadora sevillana de centros deportivos Sato Sport ha hecho entrega esta misma mañana de las llaves de sus instalaciones del Centro Deportivo El Zacatín al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Cabe señalar que el pasado 31 de octubre Sato Sport cesó su actividad en el complejo deportivo al no llegar a un acuerdo favorable con el Consistorio alcalareño, que ahora se enfrenta según la empresa a una demanda judicial de seis millones de euros debido a las diferentes discrepancias políticas con el gobierno municipal que preside la socialista Ana Isabel Jiménez. Los seis millones que pide la empresa privada se corresponden, según esta, con el valor actual de las instalaciones.

Tras un año de negociaciones con el Ayuntamiento, la entidad Sato Sport acababa el pasado 31 de octubre cumpliendo sus advertencias y rescindía el contrato de concesión de obra pública ante la «imposibilidad económica» de seguir manteniendo la explotación del centro alcalareño. Desde su apertura en 2006, el complejo de El Zacatín había experimentado pérdidas que han ido en aumento con la apertura de nuevos centros deportivos municipales, como es el caso de Las Beatas, «con precios y tasas por debajo de su coste real, lo que ha supuesto una competencia desleal para la operadora sevillana» asegura la empresa en un comunicado.

Tras varias propuestas para el mantenimiento del centro, la compañía deportiva y el Ayuntamiento diseñaban un acuerdo favorable que, en un primer momento, aceptaron ambas partes y que «incomprensiblemente», según la empresa, ha sido rechazado por el gobierno local «debido a las discrepancias entre sus miembros». Apunta así Sato Sport a la división en el seno del gobierno local alcalareño a raíz del enfrentamiento en la agrupación socialista por la Secretaría General que este mismo mes se ha decidido con la victoria de la alcaldesa con el 58% de los votos socialistas.

La actual situación del centro, dotado con todos los servicios y maquinaria, se encuentra libre de cargas, al día respecto a pagos de proveedores y sin deudas con la Hacienda Pública ni la Seguridad Social, ya que todas las deudas han sido totalmente liquidadas con carácter previo. Tras hacer entrega de las llaves del complejo deportivo, Sato Sport informa de que, en este momento, «la gestión queda en manos del Ayuntamiento, que tendrá que decidir sobre el futuro del mismo».

El Ayuntamiento denunciará el incumplimiento de contrato de Sato Sport

Debido al cierre unilateral anunciado por la empresa Sato Sport, el Ayuntamiento de la ciudad iniciará próximamente los procedimientos correspondientes «para declarar el incumplimiento de las obligaciones de esta concesionaria». El gobierno alcalareño asegura en una nota que la empresa Sato Sport, «ha iniciado un procedimiento ilícito para declarar, por su cuenta y riesgo, el incumplimiento del contrato sin base legal alguna para ello, cuando sabe que es la única responsable de las instalaciones deportivas El Zacatín que  gestiona en la ciudad desde el año 2002».

Para los responsables municipales el Ayuntamiento en ningún caso «dará el consentimiento para el cierre de las instalaciones y, por tanto, el concesionario tendrá que asumir los costos del posible deterioro de las instalaciones y, del incumplimiento del contrato». En este sentido desde el Consistorio alcalareño se insiste «en la rotundidad de los informes jurídicos-administrativos» de los que dispone en los que se manifiesta «de manera tajante», la obligación de la empresa Sato Sport de seguir con la actividad para la que rubrico el contrato de concesión por 50 años.

Asimismo se declara que «en la actualidad no existen fundamentos técnicos, ni económicos para una  demanda de la naturaleza que ha planteado Sato Sport que no duda en utilizar argucias y excusas para ocultar su gestión en los últimos años». El Ayuntamiento considera que las empresas privadas «deben ser conscientes de que socialmente no es admisible que cuando una concesión aporta beneficios estos sean exclusivos para estas entidades privadas, mientras que cuando las concesiones arrojan perdidas pretendan que sean asumidas en exclusiva por las arcas públicas».

«El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra va a perseguir siempre por el interés público, garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, velar por un correcto funcionamiento de los servicios e instalaciones, así como defender los intereses de usuarios y trabajadores.  Con este ánimo el equipo de gobierno pide al concesionario que no siga actuando  de forma parcial, continúe abierto al diálogo y no incumpla el acuerdo que en su día rubricó».