El Ayuntamiento de Alcalá suma «una ristra» de condenas por no aplicar el convenio a trabajadores de los planes de empleo.
Al menos nueve sentencias judiciasl han condenado al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a abonar entre 3.000 y casi 6.000 euros a los trabajadores que han denunciado al Consistorio después de que el éste no les haya pagado lo mismo que a otros trabajadores municipales que realizaban las mismas tareas.
La Justicia ha estimado las demandas interpuestas contra el Consistorio por parte de distintos trabajadores contratados con los fondos procedentes de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, Emple@ Joven y +30.
Dichas sentencias, según informan los Andalucistas de Alcalá, «reconocen el derecho de estos trabajadores a percibir la misma remuneración salarial que los empleados municipales que desarrollan sus mismas funciones laborales, tal y como recogen la normativa municipal y estatal en materia laboral, y como indican los más básicos principios éticos y democráticos».
Los jueces han condenado también al Consistorio alcalareño a sumar a las cantidades estipuladas intereses del 10 por ciento, que el ayuntamiento presidido por la socialista Ana Isabel Jiménez deberá ir abonando a estos trabajadores.
Esta situación supone a ojos de los Andalucistas de Alcalá “una clara evidencia de lo mal que se han hecho las cosas, ya que en lugar de actuar conforme a criterios de igualdad, el Ayuntamiento y sus gestores socialistas han defendido, y siguen defendiendo, que la remuneración salarial de estos trabajadores sea menor pese a que el convenio colectivo y la normativa laboral digan tajantemente lo contrario, y como prueba de ello tenemos un ramillete de sentencias judiciales que condenan de plano a esta administración”.
“Esta lluvia de condenas debería hacer reflexionar al gobierno socialista, que tiene que aplicar la igualdad de la que tanto le gusta presumir en discursos y comunicados, pero que sólo la aplican a golpe de sentencia judicial”. Por todo ello, los Andalucistas han pedido al gobierno socialista que “abogue por la igualdad de derechos de los trabajadores y el cumplimiento de los acuerdos y evite peligrosos caminos que lleven a la desigualdad y a la discriminación”.