Josefa Medrano denuncia el “absoluto descontrol” y la “falta de transparencia” que rige en el ICAS y advierte a la delegada de Cultura que “no es su cortijo particular”.
La portavoz adjunta de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Josefa Medrano, ha mostrado hoy su “perplejidad y total indignación” ante las nuevas irregularidades detectadas por el interventor municipal en numerosos contrataciones y gastos realizados por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), cuya gestión, una vez más, vuelve a estar “bajo sospecha y en el punto de mira”.
Según Medrano, los últimos reparos que el alto funcionario ha plasmado en cerca de 40 expedientes, de los que se dio cuenta en el pasado consejo de administración del ICAS por la vía de las comunicaciones oficiales -es decir, sin posibilidad de debate y fiscalización por parte de la oposición- confirman el “absoluto descontrol” y el “funcionamiento chapucero” que rige en este organismo desde que el PP gobierna en Sevilla.
La concejal de IU ha asegurado que “llueve sobre mojado” y que su fuerza política lleva meses denunciando una forma de proceder que “no se ajusta a la normativa vigente”, sin que hasta la fecha ningún miembro del Gobierno de Zoido se haya dignado a dar una mínima explicación al respecto.
“El ICAS no puede seguir siendo el cortijo particular de la delegada de Cultura, María del Mar Sánchez Estrella”, ha aseverado Medrano, quien advierte que la edil del PP tiene la obligación de aclarar cuanto antes esta situación a la ciudadanía. “Debe asumir su responsabilidad ante tanto despropósito”, ha apostillado.
Los reparos que el interventor plantea en esta ocasión se centran principalmente en las contrataciones vinculadas al X Festival del Cine Europeo; a la limpieza y mantenimiento diario del espacio cultural de Santa Clara; y a diferentes servicios asociados al Teatro Lope de Vega (iluminación, sistema de climatización, carga y descarga, ayuda al montaje y al desmontaje…). Pero también se cuestionan convalidaciones de facturas relativas a la prestación de varios trabajos de asesoramiento fiscal.
Según Izquierda Unida, el interventor es bastante claro cuando afirma que los procedimientos de contratación empleados por el Gobierno de Zoido en el ICAS suelen ser “inadecuados”, cuando alerta de posibles “fraccionamientos”, o cuando avisa de que muchos gastos se efectúan “sin la previa y preceptiva aprobación por el órgano competente” y “no se acreditan la justificación del precio o la promoción de la concurrencia”:
En este sentido, Medrano ha censurado el “doble rasero” del PP ante los requerimientos del funcionario encargado de velar por que en el Ayuntamiento los contratos y los gastos se hagan de acuerdo a la ley. Y es que, “cuando le conviene, se aferra al interventor para justificar sus recortes de servicios y despidos en la plantilla, o para suspender programas sociales y de formación como las escuelas taller”. Sin embargo, “cuando no le interesan sus advertencias, se las salta a la torera sin ningún problema”, ha remarcado.
“Urge una aclaración cuanto antes por parte del Gobierno municipal”, ha enfatizado Medrano, después de insistir en que la credibilidad del alcalde continuará “por los suelos” mientras “no rinda cuentas sobre las anomalías e irregularidades que permanentemente se producen en el ICAS”.
Por último, la concejal de IU ha vuelto a criticar la “escandalosa opacidad” que impera en toda la gestión del ICAS, donde la “improvisación y la falta de transparencia están a la orden del día” y donde la oposición “no puede desempeñar adecuadamente su labor de fiscalización porque la mayoría de expedientes de gastos y facturas se tramitan por la vía de las comunicaciones oficiales y son presentados ante su consejo de administración como hechos consumados”.
«Todas las contrataciones han sido legales»
Mientras tanto, la delegada de Cultura, María del Mar Sánchez Estrella, ha señalado que “todas las contrataciones llevadas a cabo por el ICAS están dentro de la legalidad y cumplen con todos los requisitos; la concurrencia y la transparencia están garantizadas y perfectamente documentadas. Lo único que existe es una diferencia de criterio por parte del interventor, pero por cada informe existe un contrainforme y tanto la opinión del interventor como la del ICAS son respetables y cuentan con una base legal”.
Sánchez Estrella ha indicado que “en ningún caso se trata de incumplimientos de la normativa vigente, sino de advertencias acerca de por qué se han hecho las cosas de una manera y no de otra, pero en todos los casos hay una explicación lógica. En la mayoría de ellos se trata de convalidaciones de facturas y de contratos menores realizados de manera provisional para mantener la prestación del servicio mientras que se tramitaba el contrato definitivo”.