El Juzgado de Instrucción Nº 3 ha decretado el desalojo de la Corrala Utopía para el próximo sábado 15 de febrero, fecha límite para un desalojo voluntario del edificio.
Si la Corrala Utopía no desalojase de forma voluntaria la Policía Nacional realizará un desalojo forzado de las familias que viven en el inmueble. Desde la Corrala movimientos sociales que la apoyan han convocado el próximo sábado 15 de febrero a una concentración en el edificio a las nueve de la noche.
La concentración, según los convocantes, “tiene un doble objetivo. Por un lado, mostrar el apoyo social con el que cuentan las familias. Por otro, organizar turnos de permanencia con el objetivo de defender la Corrala Utopía de un hipotético desalojo”.
“El desalojo decretado es, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, completamente ilegal, puesto que las administraciones públicas, tal y como es su función, tienen el deber de ofrecer alternativas a las familias en riesgo”, alegan.
Acusan al Ayuntamiento de “acoso”
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia “el acoso” que sufren las personas en exclusión social, que además carecen de vivienda, por parte del Ayuntamiento de Sevilla
La delegación en Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha asegurado en un comunicado que el Ayuntamiento de Sevilla actúa “contra las personas sin hogar y contra las personas que habitan los nuevos asentamientos y que han sido levantados, una vez tras otra, sin ofrecer una sola solución que sea digna de ser tomada como tal”.
Además, afirman en un comunicado, que el Consistorio hispalense “ha acosado a las familias que habitan la Corrala la Utopía, cortándoles el suministro básico del agua y no haciendo nada a favor de solucionar el problema. En el día de ayer ni siquiera se dignaron a acudir, dicen por problema de agenda, a la convocatoria que les hacía el Defensor del Pueblo para buscar una solución ante la orden de desalojo que pesa sobre ellas y que tiene a estas familias en una situación de angustia e incertidumbre que debiera ser del todo evitable”.
La Asociación Pro Derechos Humanos también ha señalado el “acoso” que se produjo contra las familias que se realojaron en las viviendas vacías en Nuevo Amate, a las que se les hizo un aislamiento que violaba, de forma clara, derechos fundamentales”.
“Entendemos que el Ayuntamiento no puede criminalizar a las personas excluidas, debe ir a la raíz del problema, que no es otro que la carencia del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure los bienes necesarios para una vida digna”, asevera la organización.