Facua recibió 31.986 consultas y denuncias durante los primeros seis meses del año, más que en todo 2008. Los tres sectores que encabezaron la lista de las reclamaciones, tanto a nivel nacional como local son el de telecomunicaciones, las empresas de energía eléctrica y en sector bancario.
Rocío Sánchez. Cada vez son más las personas que no dudan en reclamar sus derechos por el uso de determinados servicios. Facua-Consumidores en Acción hizo público ayer el balance de las quejas realizadas durante el primer semestre del año por los consumidores.
La asociación ha recibido en los primeros seis meses de 2009 casi 32.000 consultas y reclamaciones a nivel nacional, con lo que se superan los 30.702 realizadas en todo 2008. Mientras tanto, en la comunidad andaluza se han registrado 2.306 denuncias. El portavoz de la organización, Rubén Sánchez García ha indicado que «estamos satisfechos con esta cifra , ya que esto demuestra la confianza que los consumidores depositan en Facua, además de que cada vez son más las personas que la conocen».
A la cabezas de las reclamaciones se sitúa el sector de las empresas de telefonía, fundamentalmente el de la telefonía movil, con un 24,2 por ciento del total de las quejas presentadas en toda Andalucía, porcentaje similar al que se ha registrado a nivel nacional que se sitúa en el 25,1 por ciento. Si atendemos a los datos de la provincia, en Sevilla y sus pueblos las reclamaciones acerca del sector de las telecominicaciones suponen el 22 por ciento. En su mayoría, éstas se debieron por las trabas para darse de baja, irregularidades ante la cancelación de los servicios, así como por publicidad engañosa, entre otros motivos.
El segundo en la lista es el sector de suministro eléctrico, que corresponden al 21,2 por ciento de las consultas y reclamaciones a nivel andaluz y 21,8 por ciento en toda España. En este caso se corresponden con las irregularidades que cometieron las compañías al aplicar las tarifas vigentes desde enero a energía consumida en noviembre y diciembre, cobrando dinero de más que después se vieron obligados a devolver. Rubén Sánchez hizo refencia a que hacía más de 30 años que «no había tantas reclamaciones en este sector». El porcentaje en la provincia de la capital hispalense es algo menor, un 19 por ciento.
En las últimas semanas han aumentado las consultas acerca de este sector, ya que la nueva regulación del sector ha provocado que los usuarios sean traspasados de manera automática a las denominadas compañías de último recurso. Éstas aplican la nueva tarifa del último recurso fijada por el Ministerio de Industria, que ha aplicado una subida desproporcionada para, de este modo, obligar a los consumidores a contratar las tarifas ofertadas por las compañías en el mercado libre. Asimismo, Rubén Sánchez expresó que «es lamentable que para que triunfe la liberalización del sector se hayan subido las tarifas para expulsar a los usuarios al mercado libre».
El sector de la Banca, situado en tercer lugar, suponen un 8,8 por ciento de las reclamaciones en la provincia. Este porcentaje es mayor que el que se ha contabilizado a nivel regional y nacional, un 8,4 y un 7,8 por ciento, respectivamente. Los principales motivos para reclamar fueron ciertas irregularidades en el cobro de comisiones y la falta de información esencial al contratar productor financieros.
En la provincia, además hay un cuarto sector muy próximo al sector bancario, es el de la Administración, sobre todo el Ayuntamiento de Sevilla que ha generado el 8,6 por ciento de las reclamaciones. En estos casos tienen que ver con las irregularidades por la tramitación de procedimientos sancionadores y multas, las cuales en muchas ocasiones son notificadas una vez fuera de plazo y por lo tanto han perdido toda la validez.
Más de 700 denuncias de oficio
Por otra parte, Facua-Consumidores en Acción ha tenido que presentar 706 denuncias de oficio ante las administraciones competentes, es decir, gestionadas a raíz de los estudios de mercados realizados e independientes de las reclamaciones particulares que han realizado sus socios.
Estas denuncias fueron dirigidas fundamentalmente contra la hostelería, especialmente bares y cafeterías, tiendas de alimentación, compañías aéreas y empresas de telecomunicaciones.