La Junta de Andalucía ha encontrado ciertas irregularidades en el ERE aplicado a los trabajadores de la Base Aérea de Morón de la Frontera, gracias a la denuncia de unos de los sindicatos presentes en la instalación militar. Supuestamente, ligados al expediente de regulación de empleo se encuentran varios miembros del Partido Socialista de Alcalá de Guadaíra.
Sevilla Actualidad. El Expediente de Regulación de Empleo de la Base Aérea de Morón, aprobado el pasado 24 de noviembre por parte de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, ha estado paralizado varias semanas.
El motivo es hasta una treintena de irregularidades en el listado definitivo de integrantes del ERE pactado entre la compañía ‘Vinnell-Brown and Root Spain’ (VBR) y su comité de empresa. La investigación interna de la Administración autonómica se realizó tras la denuncia de uno de los sindicatos presentes en la base, concretamente USO.
De las 150 personas que se iban a verse afectadas por el expediente, finalmente serían 119 empleados. Este ERE ya había sido rechazado en su día por la Diputación de Sevilla, por los propios trabajadores de la instalación militar y por varios ayuntamientos de la provincia.
El PSOE de alcalá, ligado al ERE
Entre las irregularidades se encuentran personas ya jubiladas, trabajadores puntuales y, según el sindicato denunciante, varios cargos pertenecientes al Partido Socialista de Alcalá de Guadaíra.
Uno de los nombres que aparecen es el del segundo teniente de alcalde y vicesecretario general del municipio, Francisco García Jiménez. Al parecer, también aparecen el presidente del PSOE de Alcalá, Bernabé Gámez Nieto, y su hermano.
El sindicato USO también aprovecha para denunciar posibles tratos de favor a los afiliados de UGT y a varios trabajadores temporales «enchufados y familiares de políticos socialistas» presentes en la regulación de la plantilla, que supuestamente pasarían a tener contratos indefinidos.
El PP exige explicaciones y destituciones
La candidata del PP a la alcaldía de Alcalá de Guadaíra y portavoz municipal, María del Carmen Hornillo, ante esta noticia, pidió ayer en el pleno al alcalde Antonio Gutiérrez Limones una explicación sobre lo que han calificado como «un chanchullo».
Además de solicitar al gobierno local «transparencia y un poco de decencia política», Hornillo ha exigido al primer edil que destituya a García Jiménez de todos sus cargos. La candidata popular considera que los socialistas ligados al ERE «se han reído de todos los alcalareños, sobre todo de los 10.276 parados que hay en Alcalá».
Mientras, la empresa norteamericana que gestiona la instalación militar, VBR, alega que las irregulidades se deben a «un error»; y la embajada americana se exime de toda responsabilidad en este polémico ERE.