Villalobos anuncia que saldrá una nueva convocatoria con 25 millones de euros.
Cerrado el plazo para solicitar ayudas con cargo al Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), el Área de Hacienda de la Diputación de Sevilla ha registrado la entrada de 75 solicitudes, procedentes de 60 municipios, que ascienden a un total de 45 millones de euros, cantidad que llegará a los Ayutnamientos a comienzos del mes de noviembre.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado que se abrirá ‘una nueva convocatoria con 25 millones de euros, hasta completar los 70 millones de dotación inicial del Fondo; así, damos una nueva oportunidad a los Ayuntamientos para accerder a estas ayudas, ampliando con ello el plazo temporal que puedan necesitar para resolver cualquier cuestión de trámite administrativo interno o con otras administraciones’.
Desde la Diputación se ha solicitado ahora a 11 municipios la subsanación de documentación para formalizar la aceptación definitiva de las solicitudes, un plazo de 10 días cuya fecha límite se cumple el próximo 25 de octubre.
A partir de ahí, está prevista la reunión de la Comisión de Valoración para el día siguiente, el 26, con el fin de acelerar en lo posible la resolución definitiva de las adjudicaciones y que las transferencias de los fondos puedan hacerse a primeros de noviembre.
‘Esprimordial -ha dicho Villalobos- que los Ayuntamientos puedan contar con el dinero para este último tramo del año. Cumplimos así con las necesidades que nos trasladan los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia, que son quienes conocen de primera mano la realidad de nuestros pueblos’.
En esta convocatoria, han sido 12 municipios los que han solicitado más de una línea dentro de las 7 posibilidades a coste cero de interés que ofrecía esta edición del FEAR, con los créditos llamados ‘de mandato’, las ayudas para atender las sentencias en firme de los órganos judiciales, los préstamos para inversiones, las consignaciones para refinanciación de deudas con otras entidades -financieras, Seguridad Social y Agencia Tributaria- y, por último, las operaciones para déficits puntuales de tesorería de las arcas muncipales.