Este nuevo plan se suma a los cinco millones ya comprometidos este año por parte de la Diputación para ayudas a familias más afectadas por la crisis económicas.
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado hoy la «inminente puesta en carga» de otros cuatro millones de euros para el Plan de Urgencia Municipal en los pueblos de la provincia de Sevilla, con objeto de apoyar la contratación desde los Consistorios «entre los que más lo necesitan».
En este 2015, la institución provincial ya ha destinado cinco millones de euros a una primera edición del Plan de Urgencia Municipal, de la que se estima que serán otras 5.500 personas las beneficiarias. Ahora, con estos cuatro millones, «volvemos a atender a una demanda permanente de alcaldes y alcaldesas de la provincia, que son los que más reclaman estas partidas» ha remarcado Villalobos.
Desde que se iniciaran las ediciones del PUM en 2009 como iniciativa enfocada a contratar a personas cuyas unidades familiares estaban siendo más afectadas por la coyuntura económica, la Diputación ha destinado 45 millones de euros a los contratos que se generan con el programa. A esa cantidad se han sumado aportaciones de la Junta y los Ayuntamientos por valor de 7,4 millones y se añaden ahora los cuatro millones de la próxima edición.
La nueva edición que ahora se pondrá en carga vuelve a destinarse a familias que padezcan graves problemáticas socioeconómicas, que carezcan de recursos para hacer frente a las mismas y acrediten la situación de desempleo, así como a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios y mujeres en situación de riesgo de exclusión social.
Dicha convocatoria, que financia Íntegramente la entidad provincial, se extenderá en su aplicación desde el 15 de noviembre hasta el 30 de abril del próximo año y, como novedad, las Entidades Locales podrán destinar con carácter voluntario un 15% del importe subvencionado a la compra de materiales, pequeñas herramientas y otros suministros que permitan el correcto desarrollo de las funciones del personal contratado.
A la hora del reparto, la corporación provincial lo volverá a formular atendiendo a la proporcionalidad respecto a los demandantes empleo censados en cada localidad y, siempre, la cuantía no podrá ser inferior a 2.500 euros por municipios.