La Guardia Civil detiene a dos funcionarios
Los detenidos podrían haberse creado identidades falsas para ingresar nóminas ficticias en sus cuentas.
Este viernes, dos funcionarios de Lora del Río (Sevilla) fueron detenidos por cobrar, presuntamente, nóminas ficticias. Este sábado han pasado a disposición judicial. Ambos han sido imputados por un delito de apropiación indebida con falsedad documental por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil, aunque una vez que la documentación se analice, podrían imputarles otros delitos.
La investigación por el cobro de las nóminas ficticias acumula documentación desde que los funcionarios entraron en el Ayuntamiento, hace más de 16 años. Mientras la Policía Judicial del Instituto Armado lleve a cabo la investigación, agentes de la Policía Local de la localidad custodiarán esta documentación.
El alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso (PSOE) ha manifestado que el registro realizado corresponde a la denuncia que él mismo interpuso el pasado 10 de marzo ante la Guardia Civil por las anomalías detectadas en las transferencias del Departamento de nóminas.
Además, el alcalde de la localidad ha afirmado que el Ayuntamiento ha puesto en disposición de las autoridades la información necesaria “para aclararlo lo antes posible”. Según fuentes municipales, los funcionarios detenidos habrían creado identidades falsas para ingresar nóminas ficticias en sus cuentas.
El PP pide un pleno extraordinario en Lora
Tras los registros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Lora del Río, el PP de la localidad ha pedido con urgencia la celebración de un Pleno extraordinario.
El presidente del partido en Lora, Álvaro Fernández Luque, ha exigido al alcalde, Francisco Javier Reinoso, que explique “por qué se ha tardado tanto tiempo en controlar el dinero perdido de las arcas municipales”.
La investigación que está llevando a cabo la Policía Judicial del Instituto Armado recoge información de los últimos 16 años. En este sentido, Fernández Luque asegura no temer la posibilidad de que su partido se viera implicado cuando gobernaba.
El líder popular ha lamentado los hechos y el daño a la imagen de la localidad, por lo que ha exigido a la administración judicial “la máxima diligencia y rigor”.