La comunidad universitaria de Sevilla durante las movilizaciones que marcaron el final del curso académico 2012/2013 / Juan Carlos Romero

JJAA respalda la Huelga “para no obligar a los jóvenes a la emigración”

La comunidad educativa andaluza ha hecho un llamamiento ante la proximidad de la primera Huelga General unitaria en la Educación que tendrá lugar este jueves. Profesores, alumnos y padres así como personal auxiliar y de servicios desde educación infantil a la superior están convocados al paro contra las políticas de Wert.

En Sevilla la comunidad educativa ha convocado una manifestación el día de la Huelga General de la Enseñanza que partirá a las 19 horas desde la Plaza de España.

Las organizaciones agrupadas en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública -formada por CC.OO, UGT, CGT, Stem, Sindicato de Estudiantes, CEAPA y Movimiento por la renovación pedagógica- convocaron la primera huelga general en la Educación que tendrá lugar este jueves 9 de mayo en el conjunto del estado español. El paro afectará a todas las etapas de la enseñanza desde infantil a la educación superior, en defensa de la Educación pública.

La Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE) ha hecho un llamamiento ante la convocatoria de Huelga General en el ámbito de la enseñanza y llama a los sectores de la enseñanza a participar de las movilizaciones. La reforma que propone el Minsiterio de Educación, Cultura y Deporte que dirige José Ignacio Wert en cuanto a la educación superior se refiere supone la concreción de las reformas universitarias llevadas a cabo por el PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, señalan los estudiantes, con la implementación del Plan Bolonia siguiendo la estrategia definida en ‘Universidad 2015’.

A juicio de la coordinadora que aglutina al sector estudiantil en Andalucía, estas reformas provocan progresivamente “la elitización y mercantilización de la universidad pública”. Estas reformas y la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOMCE) que propone el ministro Wert en la misma dirección suponen “la expulsión de 150.000 estudiantes del sistema universitario”, así como el despido de profesorado, con repercusiones en la calidad de la enseñanza.

En este sentido, la CARE ha pedido la movilización de los estudiantes en las calles de las ciudades andaluzas para pedir el cese del ministro de Educación y para revertir las políticas en materia de educación que en los últimos años han tendido a la privatización y elitización del área educativa, y a dificultar  el acceso de la ciudadanía a este derecho fundamental reconocido en la Constitución española.

Decisiones unilaterales e impuestas en la Enseñanza

La Confederación de Entidades para la Economía Social (CEPES) en Andalucía, y la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social ha denunciado “las decisiones unilaterales e impuestas” por parte de la administración pública. Defienden “el carácter básico de la educación como derecho universal y como servicio público” qu eprestan los centros de titularidad pública y concertados en Andalucía, y ha salido al paso a denunciar la situación del sector educativo por las políticas del Gobierno.

En los últimos años el sector educativo está retrocediendo, aseguran desde CEPES, con recortes salariales y de las partidas presupuestarias destinadas a los centros, con supresión de complementos salariales y con la vulneración de acuerdos profesionales al margen de los procesos reglados de negociación colectiva vigentes. CEPES Andalucía advierte del recorte de derechos sociales que subyacen del endurecimiento de las condiciones para la sustitución del profesorado o de la reforma de la jubilación parcial o anticipada. Al tiempo que denuncian la reducción de unidades concertadas en centros donde la demanda sigue siendo alta.

Con respecto a la nueva Ley Orgánica de Calidad de la Educación que proyecta el ministerio de José Ignacio Wert, CEPES Andalucía ha alertado que se establece la segregación “estableciendo evaluaciones externas y tempranas así como itinerarios en la enseñanza obligatoria” y promueve la competencia frente a la cooperación en el seno de la enseñanza.

El colectivo de cooperativas y centros de enseñanza de la Economía Social ha instado a las fuerzas políticas a proponer y alcanzar un Pacto por la Educación que dé estabilidad a este servicio público y tienda a la promoción de la libertad de enseñanza que termine con los tratamientos diferenciadores entre la red de centros de titularidad pública y la de titularidad privada concertada, buscando la complementariedad entre las dos redes.

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