La titular de Industria y Turismo, María Reyes Maroto, se ha sumado a las personalidades del gobierno que han recibido amenazas de muerte. En esta ocasión, se trata de una navaja ensangrentada. Esta se suma a las que ya recibieron Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez. El ministerio del Interior ya ha abierto una investigación a través de la Policía Nacional para esclarecer el origen del sobre.

La Policía Nacional investiga en estos momentos si la sustancia que se encuentra en la navaja es sangre o pintura. La navaja, consiguió pasar el escáner porque permanecía oculta entre dos CDS, lo que hizo que los agentes no pudieran identificar el arma blanca.

Esta amenaza se suma a las que ya recibieron Pablo Iglesias, Grande-Marlaska y María Gámez. Todo esto se engloba dentro de la campaña electoral de Madrid ya que, tal y como recordemos, en caso de victoria socialista Reyes Maroto pasaría a ser la vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid.

La ministra ha condenado el ataque a través de sus redes sociales, a la vez que agradece el apoyo que ha recibido tanto de la ciudadanía como de diferentes políticos.

Diferentes políticos han mostrado su apoyo a la ministra Reyes Maroto

El acto, como es lógico, ya ha sido condenado por diferentes autoridades políticas. Dos de los candidatos para presidir Madrid ya han mostrado su apoyo a Reyes Maroto.

El primero de ellos ha sido Pablo Iglesias, quien también recibió una amenaza de muerte, representada en el envío de balas a su despacho en el congreso.

La otra candidata ha sido Mónica García, quién se presenta a la presidencia por Más Madrid. De la misma manera, hace un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso, a quien le acusa de «avalar la política del odio de la extrema derecha».

El resto de candidatos aún no se han pronunciado al respecto. Aunque todos los candidatos deban mostrar su apoyo ante un acto tan deleznable, de quién se espera una especial reacción es de la candidata de Vox a la presidencia de Madrid, Rocío Monasterio. Tanto ella, como su partido en general, se han negado a condenar los hechos ya que defienden no confiar en la veracidad de las amenazas.