José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía

Galicia y Andalucía son las dos comunidades autónomas con mayor nivel de transparencia en su administración, según un informe realizado por la organización Transparencia Internacional España con el objetivo de determinar el grado de corrupción de las distintas comunidades autónomas. A la cola del ranking se encuentran Cantabria, Valencia y Baleares.

Sevilla Actualidad. Andalucía lidera el ranking sobre la transparencia administrativa de las 17 comunidades autónomas de España. Así lo refleja un informe realizado por la sección española de la ONG independiente Transparency International, según el cual Galicia y la comunidad andaluza son las más claras en su gestión, con una nota de un 8,7.

Los diez primeros puestos lo completan Castilla y León, Aragón y Murcia, con una valoración de notable, según la organización. Mientras, las últimas en el ranking son Cantabria, Valencia y Baleares.

El estudio, que comenzó el pasado mes de mayo, evalúa con diferentes indicadores diversas áreas de las administraciones autonómicas. Algunos de los indicadores analizados han sido la información sobre la comunidad, las relaciones con los ciudadanos, y la transparencia económica y financiera, en la contratación de servicios y suministros y en materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas.

El informe ha sido presentado en Madrid, en la Fundación Ortega-Marañón, donde la organización Transparencia Internacional ha destacado el “esfuerzo a nivel informativo” de las 17 comunidades autónomas ya que, según la organización, es alto el nivel de transparencia mostrado por el conjunto de las autonomías, situándose la calificación media global en 71,5 puntos sobre 100.

El índice para medir el nivel de transparencia se fundamenta, principalmente, en la cantidad y la calidad de la información que las administraciones publican en sus páginas web, así como el acceso a las mismas.

El presidente de Transparency International en España, Jesús Lizcaino, ha asegurado que donde se han encontrado más dificultades para el análisis ha sido en el área de transparencia económica y financiera, donde la participación de las administraciones ha sido prácticamente nula. No obstante, ha destacado la positividad de los datos ya que, de 17 comunidades, diez están en la posición “bastante transparente” y las otras siete en “transparente”.

Por su parte, Antonio Garrigues, abogado y presidente de la Fundación Ortega-Marañón, ha indicado que la no colaboración de alguna comunidad en algunos puntos se ha debido a la falta de instrumentos y ha anunciado que en posteriores índices se verá una mejora global como ha sucedido con los ayuntamientos.

Garrigues ha aprovechado la situación para pedir una Ley de acceso a la información pública en España porque “los ciudadanos tienen derecho a exigir la transparencia de sus administraciones”.

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