La Fiscalía Anticorrupción pidió el ingreso en prisión del ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, al considerar la Guardia Civil que el imputado posee una «mayor implicación» en el caso de los ERE.
La juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Guerrero basándose fundamentalmente en «la posibilidad de que la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación, así como malograr el fin perseguido con el secreto decretado de las actuaciones, pues estando en libertad puede influir en medios de prueba que pudieran serle desfavorables», a lo que se suma «la escasa colaboración y el escaso nivel de respuesta» del imputado.
Según el acta sobre adopción de medidas cautelares, personales y pecuniarias, el Ministerio Público pidió el pasado miércoles el ingreso en prisión de Guerrero dado que los delitos que se le imputan están castigados «con penas de prisión que pueden ser superior a los cinco años, y requiere una nueva valoración de los hechos nuevos hoy conocidos, hechos nuevos que determinan una mayor implicación de Guerrero en la trama delictiva y en el sistemático enriquecimiento de varias de las personas ya imputadas», ha afirmado Anticorrupción, que no ha descartado que se siga aumentando sus responsabilidades penales.
El letrado de Guerrero, que esta semana pedirá su puesta en libertad, se ha opuesto a la solicitud de Anticorrupción al no considerar que «las nuevas imputaciones manifestadas» por la juez Alaya «modifiquen sustancialmente las que ya había, las cuales tenían la gravedad suficientes como para que en su momento fuera enviado a prisión». Además, el abogado ha defendido que «las nuevas imputaciones no se agravan hasta el extremo de que se tenga que acordar esta medida», por lo que ha opuesto a la adopción de la prisión provisional solicitada por el fiscal.