El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla para la celebración del juicio la causa seguida contra el ex secretario general de UGT-A. Además hay otras 14 personas acusadas de presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
En concreto, los investigados para el juicio de UGT-A son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
En una providencia dictada el día 12 de mayo, el juez instructor acuerda que, “habiendo finalizado el plazo concedido a las partes para presentación de escritos de defensa y estando conclusa la fase intermedia, conforme a lo previsto en el artículo 784.5º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, remítase el presente procedimiento a la Audiencia Provincial y, en su caso, las piezas separadas correspondientes para que procedan a su reparto, quedando a disposición del Órgano Judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas”.
Juicio contra UGT-A
El día 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados de UGT-A. Esto tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A.
Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que el instructor acordara continuar la causa como procedimiento abreviado. Esto les dió traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. También, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
En este último auto, el juez concluye que “el cómputo global de las cantidades defraudadas asciende a 40.750.047,74 euros” en los expedientes de subvenciones. Fueron concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical.
El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias». Además, añade que esto “suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.
Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.