El organismo regulador detecta «falta de control interno» en las subvenciones concedidas por la Junta a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo entre los años 2008 y 2009.
La Cámara de Cuentas ha hecho público hoy su informe de fiscalización sobre las subvenciones ofrecidas por la Junta de Andalucía a la Red de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía durante los años 2008 y 2009. La red de consorcios la conforman 14 centros formativos que están orientados al desarrollo de actividades tradicionalmente relevantes en el ámbito geográfico donde se ubican, como la artesanía en Gelves.
En este informe, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado una serie de «incidencias» y una «falta de control interno» sobre las ayudas y subvenciones concedidas entre las que se encuentra la existencia de facturas «no debidamente justificadas». El organismo detecta en la Orden de 10 de mayo de 2005 donde se fijan las bases, “una falta de concreción e insuficiencia reguladora” que se traduce en “incoherencias” con otras de las estipulaciones que recoge la citada orden.
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través del programa presupuestario 32D ‘Formación para el Empleo’, financia la gestión de estas entidades, mediante las subvenciones ahora fiscalizadas. Durante los años fiscalizados, 2008 y 2009, los importes totales que se concedieron a los consorcios, ascendieron a 23,9 y a 20,6 millones de euros respectivamente.
En el informe, la Cámara de Cuentas establece que en el procedimiento empleado por el SAE, “se incumplen todas las condiciones y requisitos que contiene la fase de instrucción”. Entre las incidencias detectadas, la Cámara señala que no constan actas de revisión que evidencien que se han comprobado que las solicitudes y que la documentación complementaria aportada, cumplen los requisitos exigidos. Asimismo, ”no se procede a la valoración técnica, de acuerdo con unos criterios establecidos, de las solicitudes y proyectos presentados, ni se tiene en cuenta el cálculo del coste de los proyectos solicitados ni el número de proyectos a financiar”.
El organismo regulador afirma en el control interno no se garantiza “una adecuada gestión de las ayudas”. Según sus comprobaciones, no hay funciones y responsabilidades claramente definidas para las tareas de tramitación y control de la ayudas y, en algunos casos, no hay una adecuada segregación de funciones para la concesión y resolución.
Tampoco consta la existencia de informes que respalden, suficiente y adecuadamente, las decisiones adoptadas ni existe uniformidad en la forma de justificar y en presentar la documentación acreditativa de la realización de la actividad. El informe constata que hay un “exceso” en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que, por parte del SAE, se haya solicitado ni la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro.
En esta línea, la Cámara de Cuentas señala que se han imputado gastos por un total de 481.819 euros, en los que “no se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas”, ya sea porque, los gastos declarados no responden a gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de la actividad o porque por su naturaleza no son subvencionables, según la normativa reguladora.
Asimismo, se han encontrado facturas, cuyo importe global asciende a 146.080 euros que, por diferentes causas, no están debidamente justificadas; así como documentos que alcanzan un total de 734.713 euros, fechados fuera del periodo de elegibilidad.
Por último, sobre la eficacia y eficiencia del cumplimiento de los objetivos y en la asignación de los recursos, el informe indica que la entidad concedente «no efectúa una medición periódica de los objetivos conseguidos y su comparación con los previstos»; «no hay un procedimiento normalizado ni adecuado para el seguimiento y medición del nivel de inserción laboral de los alumnos de cada proyecto». El informe apunta que «no consta que el SAE haya realizado los trámites para conseguir los certificados de profesionalidad, que acreditan oficialmente las cualificaciones profesionales obtenidas».