“En ningún momento” el Gobierno de la Junta de Andalucía “conoció, informó, avaló o aprobó medida alguna irregular o medida o acto ilegal”. Al menos, en los casi 20 años de Ejecutivo de Manuel Chaves.
El ex presidente de la Junta de Andalucía ha comparecido esta mañana en la comisión que investiga en el Parlamento andaluz los ERE irregulares aprobados presuntamente por el Gobierno autonómico entre 2001 y 2010.
En una jornada muy esperada, en la que también comparecerá el actual líder del Ejecutivo autonómico, José Antonio Griñán, Chaves ha insistido en que el programa 31L contaba con el visto bueno tanto del Consejo de Gobierno, con todos los requisitos e informes exigidos por la legislación, como, con posterioridad, del Parlamento, que daba el visto a las cuentas de la comunidad. A su juicio, calificar ese programa de opaco o de «fondo de reptiles» es una «desmesura y una falsedad», así como una «descalificación intolerable» que solo puede derivar de una «mente perversa».
“El Gobierno, como no podía ser de otra manera, no tenía por qué conocer la gestión del día a día de las distintas consejerías u organismos de la Junta”, ha dicho, en un intento por justificar que las actuaciones dentro de este programa no tenían por qué ser conocidas por el presidente de la Junta o por el Consejo de Gobierno. Las limita, pues, a competencias de la Consejería de Empleo.
Por lo demás, el ex presidente de la Junta ha insistido en que le “repugna la corrupción” y ha defendido la política de ayudas del Gobierno autonómico durante su liderazgo. Con todo, ha reconocido unos hechos “aislados” que, ha dicho, no pueden restar valor al esfuerzo por mantener el empleo en Andalucía.
«Si a partir de ahí, algunos utilizaron abusivamente ese procedimiento, menoscabaron fondos públicos y se enriquecieron, que la justicia caiga sobre ellos y que lo paguen», ha declarado Chaves, que ha reconocido que el procedimiento para la concesión de ayudas debió ser «más concreto y menos discrecional», sin dudar en ningún caso de su legalidad.