COAG Andalucía exige a la Consejería “que dé curso a los pagos, sin menoscabo de la posterior acreditación del nuevo requisito establecido”.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha advertido esta mañana de que una negligencia administrativa puede tener “consecuencias nefastas” para miles de agricultores andaluces. Se trata de un requisito añadido sin comunicación previa, cuya respuesta está provocando la paralización de miles de expedientes y, en consecuencia, impedirá que los productores puedan cobrar el anticipo de las ayudas PAC concedido por Bruselas.
Según informa COAG en nota de prensa, “la dirección general de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura disponía desde el pasado mes de abril de una circular interna en la que se especificaba que todos aquellos que activen ayudas PAC en terrenos compartidos deben demostrar su derecho sobre esas tierras, aportando el correspondiente contrato de arrendamiento o un documento similar”.
“Hasta ahora, no se exigía acreditar esta circunstancia con documentación alguna, y de hecho este requisito no aparece publicado ni en el BOE ni el BOJA en los que se recogen las condiciones y plazos para los anticipos de las ayudas. Cuando la nueva instrucción llegó a la Consejería, en el mes de abril, debió trasladarse inmediatamente a las entidades colaboradoras, para que los agricultores pudieran presentar la documentación necesaria y sus expedientes no se vieran paralizados. En cuanto se ha conocido el nuevo requisito, los productores han procedido a presentar los contratos requeridos, pero ya la administración no podrá validar las incidencias antes del próximo 15 de octubre, fecha límite para tramitar el anticipo”.
En este sentido, COAG recuerda que “la cantidad anticipada asciende al 50% del importe total de la ayuda y este apoyo se hace especialmente necesario en coyunturas como la actual, con una crisis generalizada de precios en origen que tiene al sector en situación extremadamente delicada”.
Es por ello que la coordinadora agraria considera que es “injusto que esta negligencia de la administración la terminen pagando los agricultores”. Por ello, reclama a la Consejería “que no paralice los pagos, sino que les dé curso normalmente, sin menoscabo de que los productores sigan presentando la documentación necesaria”.