La formación recuerda que la Constitución otorga competencias al Parlamento andaluz para pedir al Gobierno central un proyecto de ley que debería aprobar “de forma inmediata”.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Esperanza Oña, acusó hoy al Gobierno de la Junta de Andalucía de «montar una farsa y un circo» en torno a las competencias del río Guadalquivir, para «crear crispación, confrontación y tensión» ante «un futuro gobierno del PP en España».
Durante una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Oña explicó que el artículo 87.2 de la Constitución Española permite al Parlamento andaluz solicitar al Gobierno de la Nación la adopción de un proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobaría de «forma inmediata».
En este sentido, criticó que el Gobierno de Griñán ha elegido la vía «lenta» de remitir una proposición al Congreso de los Diputados, «a sabiendas de que la próxima disolución de las Cortes impedirá su debate, y a sabiendas de que existía una vía rápida».
«Griñán es el actor principal de esta farsa y este circo que los socialistas han montado en torno a las competencias del Guadalquivir, a sabiendas de que podrían haber tramitado la iniciativa solicitando Gobierno de Zapatero la adopción de un proyecto de ley», subrayó Esperanza Oña, quien añadió que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «no se quiere comprometer con Andalucía ni con el Guadalquivir».
«El PSOE no confía en Zapatero, ni le interesa el Guadalquivir, ni sus competencias», afirmó la portavoz del GPP, quien apostilló «que al PSOE sólo le interesa la confrontación ante un futuro Gobierno de Rajoy en España y de Javier Arenas en Andalucía» porque «dan por perdidas la elecciones».
Respecto a los varapalos judiciales que ha recibido el Gobierno andaluz sobre las competencias del Guadalquivir desde el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, Oña subrayó que el PP «apuesta por las máximas competencias del Guadalquivir desde Andalucía», pero «siempre en el marco de la Constitución Española».
También se refirió al «caos» de la política de agua de los socialistas en Andalucía; a la falta de ejecución presupuestaria; a la subida de impuestos; y a la politización de la Agencia Andaluza del Agua «donde han sustituido a los funcionarios por políticos», criticó.