La Junta dice que la “responsable directa” de los ERE es la Dirección de Trabajo
La juez dice que las actas de Consejo de Gobierno “ni son reservadas ni secretas”.
La juez que se encarga de las prejubilaciones fraudulentas detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha desestimado una petición de la Fiscalía para que dos peritos el Cuepro de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social “auxilien” a esta instancia en el análisis de la documentación.
La magistrada explica que le resulta “cuanto menos sorprendente” que la Inspección de Trabajo “no hiciera el menor reparo” al ERE promovido por Mercasevilla en 2007, puesto que este procedimiento respondía a las mismas causas que el de 2003, tras el cual se contrató “prácticamente el mismo número de trabajadores” prejubilados.
La juez señala que ambos procedimientos fueron «solicitados por causas económicas y organizativas por una sobredimensión de la plantilla y ambos con planes de prejubilación financiados, en su mayor parte, por la Junta de Andalucía».
Por su parte, el comité de empresa expone un documento fechado en diciembre de 2004 y firmado por el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, donde éste reconoce como «compromiso adquirido» el arbitraje de «mecanismos de obtención de recursos financieros que garanticen la viabilidad de la empresa o mediante transferencias o ampliaciones de capital», en un supuesto de «déficit que menoscabe los derechos de los trabajadores en algún ejercicio económico de Mercasevilla».
En el mismo documento, figura como el mantenimiento del «sistema de servicio público» del mercado central de abastos como otro de los compromisos adquiridos por Sánchez Monteseirín.
Como imputados en el caso figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Mercasevilla, Fernando Mellet, el que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R.M., Carmen Fontela y Antonio Garrido Santoyo, todos ellos relacionados con posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los ERE de 2003 y 2007.
Dentro de esta investigación también se estudia la “trama” de prejubilaciones fraudulentas, aspecto que llevó a la Junta a destinar más de 647 mil euros a subvencionar procesos de reestructuración de empresas en crisis mediante un acuerdo que llevaron a cabo la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con el antiguo IFA que la Policía Judicial cree irregular.
Alaya pide al gobierno andaluz las actas de sus reuniones
La titular del juzgado que investiga posibles irregularidades ha insistido en que el gobierno andaluz le facilite las actas de sus reuniones porque «ni son reservadas ni son secretas».
Mercedes Alaya,ha notificado un auto en el que reitera su petición al Ejecutivo autónomo después de que este anunciase el martes que se negaba a esa entrega porque consideraba que esos documentos eran reservados.
Alaya señala en el auto que «ni los documentos, ni las deliberaciones o votaciones interesan a la investigación» sino «sólo los acuerdos y las demás circunstancias que deben figurar en las actas».
La magistrada señala que «resulta paradójico que durante 10 años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo y que ahora se extrañe que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello».
Por otra parte, la juez también ha dictado una providencia en la que cita a la representación legal de la Junta de Andalucía para que el próximo lunes se pronuncie personalmente sobre «si mantiene su requerimiento de inhibición por incompetencia» hacia este mismo juzgado.
Arenas pide la dimisión “inmediata” de Griñán
Una vez más, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que dimita “de inmediato” por el caso de los ERE, definido por Arenas como «el mayor escándalo de nuestra democracia».
Así lo ha puesto de manifiesto en un acto celebrado en Sevilla bajo el lema ‘Somos la Sevilla que quiere a sus barrios’ junto el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el candidato del PP a la Alcaldía de la capital hispalense, Juan Ignacio Zoido. En este acto, Arenas ha pedido al alcalde de Madrid que le ayude «a conseguir que nadie confunda a los 1,2 millones de parados de Andalucía con los que han hecho las barbaridades y las ‘chapuzas’ de los ERE».
Por ello, le ha reiterado que no le pide a Griñán que no se presente a las elecciones sino que «presente de inmediato su dimisión».
Valderas acusa a Griñán de “esconder algo” al negar las actas a la juez
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, considera que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el Consejo de Gobierno que preside son «incapaces de gestionar el dinero público».
Valderas acusa a Griñán de “temer y esconder algo al negar entregar las actas” de los consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad que reclama la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de las diligencias detectadas sobre la posible «trama» de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE incentivados por la Junta.
En este sentido, argumenta que «la negativa y el veto a trasladar las actas y colaborar con la justicia es un error garrafal», que, a su juicio, «pone de manifiesto que cuando Griñán alardeaba de su colaboración con la justicia mentía al Parlamento y sólo pretendía parapetarse detrás de la justicia para impedir la comisión de investigación».
Por eso, Valderas dice que si se demuestra que el Consejo de Gobierno sabía lo que ocurría y Griñán ha mentido al Parlamento, “sólo le queda el camino de dimitir y convocar elecciones anticipadas”.
Mellet recusa a la juez Alaya por el trabajo de su marido en Mercasevilla
El abogado del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que rechazó la recusación planteada contra la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Alaya, por el trabajo de su marido como auditor de las cuentas de la sociedad mixta, ya que la Audiencia entendía que la recusación planteada «carece de virtualidad para apartar a la magistrada del conocimiento del proceso, al constatarse que permanece incólume su imparcialidad subjetiva».
En este sentido, el letrado de Fernando Mellet ha presentado este recurso de amparo -de más de 100 folios de extensión- al entender que existen motivos suficientes para la recusación.
Fue la defensa de la representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera, Pilar Giraldo, la primera que planteó la acusación a la juez. Argumentaba que el marido de la magistrada fue auditor de Mercasevilla hasta que esta empresa decidió prescindir de sus servicios en verano de 2002, «lo que podría determinar que, aún sin su intención, pudiera haber perdido la imparcialidad en su actuar«, llegando a tener «un interés directo o indirecto» en la causa.
Tras ello, la Fiscalía se acogió a esta petición, ya que consideraba que el trabajo de su marido en la sociedad mixta “podría influenciar en la imparcialidad de la instructora”. Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla expuso «la actuación absolutamente garantista y escrupulosa de la magistrada» y rechazó el incidente de recusación planteado por la defensa de Pilar Giraldo, a quien además impuso el pago de las costas así como de una multa de 1.000 euros, advirtiéndole de que, si en el plazo de cinco días hábiles no ha efectuado el abono, «se seguirá la vía de apremio contra su patrimonio».
La Audiencia argumentó que «no existe en el expediente de recusación la más mínima acreditación de que el cónyuge de la instructora fuese gerente de la firma KPGM Auditores S.L., ni de que suscribiese como auditor ningún informe de auditoría para Mercasevilla, siendo el mismo únicamente un empleado por cuenta ajena de la firma».