Son muchas las protestas en contra de las actuaciones que, desde hace años, viene realizando el Concejal Delegado de la Policía Local, Manuel García Torres. A la condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado mes de noviembre, se unen las decisiones tomadas por el edil socialista tras el  traslado de la Oficina de denuncias y del servicio del 092 a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. El último motivo que ha causado la petición de que García Torres dimita, ha sido el corte del tráfico a la entrada del colegio donde estudian los hijos del Alcalde, Antonio Gutiérrez Limones.

Ángel Espínola. La Policía Local de Alcalá de Guadaíra vive, desde hace años, contínuos sobresaltos. En los últimos meses, está creciendo la presión, tanto de sindicatos como de lo partidos de la oposición e incluso de los propios agentes de policía.

Todas las demandas tienen algo en común: piden la dimisión del Concejal Delegado de la Policía Local y de Gobernación, Manuel García Torres, quién para los sindicatos, vive aliado con el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, «en una trama de corrupción», en lo que respecta al ámbito de la seguridad en el municipio sevillano.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado, en los últimos años, hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento de Alcalá por vulneración de los derechos fundamentales.

La última de ellas, le fue impuesta el pasado noviembre de 2008, mediante la Sentencia 3140/08, por vulnerar la libertad sindical recogida en la Constitución Española. Ya que, García Torres, había expulsado al Delegado Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) de las dependencias de la Policía Local, cuando éste se disponía a entregar información a los Trabajadores.

Pero la exigencia  del sindicato obrero de la dimisión del que fuera trabajador y representante sindical por UGT en la Base Aérea de Morón, se remonta a  noviembre de 2007. En el que CC.OO de Alcalá, emitió un comunicado, donde se tachaba a García Torres, entre otros casos, de “anulación de las licencias y vacaciones a los funcionarios, partiendo los periodos de los días solicitados sin tener en cuenta los acuerdos establecidos en el Reglamento del Personal Funcionario y el EBEP” o de “suplantar las funciones de los Jefes de la Policía Local y solicita la apertura de expedientes disciplinarios, con la intención de amedrentar y llevar a cabo sus ideas autoritarias”.

Presiones de PA y PP

La condena del TSJA de noviembre de 2008, provocó también que el Partido Andalucista de Alcalá pidiera la destitución del también Secretario de Relaciones Sindicales del PSOE. Solicitando al gobierno de Limones que “tome medidas drásticas contra aquellos concejales delegados que por su actuación política se vean condenados por vulnerar derechos”. Criticando duramente a García Torres, por su actitud “nada respetuosa con los derechos de los trabajadores  y merecedora de la más fulminante de las destituciones”.

El Partido Popular también ejerció su acto de protesta, a través de su portavoz Javier Jiménez. El partido opositor afirmaba que la sentencia de noviembre, -que obligaba al Ayuntamiento a pagar 1.000 euros al sindicato afectado- había sido “la gota que ha colmado el vaso de los continuos actos de desidia y de la política errática de Manuel García Torres, cuyos problemas principales son el autoritarismo y la falta de proyecto para la Policía Local”.

Problemas por la oficina conjunta

El inicio del año 2009, no ha evadido las acusaciones de distintas asociaciones alcalareñas sobre el Delegado de la Policía Local y Bomberos. Pues, desde que el uno de febrero entrara en funcionamiento la oficina conjunta de denuncias de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, ubicada en la nueva Comisaría de Rabesa, las quejas, de nuevo por parte de CC.OO y ahora también del Sindicato Profesional de Policías Locales (SPPME), han sido constantes.

Así, los dos sindicatos denunciaron la situación “caótica” que había supuesto la mencionada medida, cuya responsabilidad recae de nuevo en Manuel García Torres. Ambas organizaciones recalcaban que este nuevo modelo de actuación conjunta “carece de un protocolo específico que aclare a los agentes de Policía Local las funciones que han de ejercer, los criterios de actuación y las competencias que deben asumir, tal como existe en la ciudad de Sevilla y Madrid”.

Además, achacaban al Gobierno de Limones, haberla “vendido a la opinión pública como una medida para mejorar el servicio al ciudadano”, que sin embargo, “se ha convertido realmente en todo lo contrario  (no existe oficina conjunta a partir de las 22,00 h., falta de cualificación específica a quienes se les ordena recoger denuncias, falta de medios, desconocimiento de la población de la existencia del 092, etc.)”.

CC.OO y SPPME intensificaron sus protestas, a raíz de las nuevas instrucciones que el Delegado de la Policía Local de Alcalá, impuestas a mediados de febrero del presente año. «A partir de las 15:00 se cerrarán las puertas de Jefatura hasta las 8:00 h permaneciendo en ella solamente el policía de seguridad.» Eran las medidas ha tomar, según  García Torres.

Ante ello, los sindicatos pedían la dimisión del concejal, puesto que estas nuevas órdenes impiden “ que las gestiones habituales de los ciudadanos en este horario (abonar una multa, recoger un vehículo retirado por la grúa, entrega de objetos perdidos, preguntas sobre callejero, sobre el municipio…) puedan ser atendidas correctamente en la Jefatura de la Policía Local”.

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