El 74 por ciento de jueces y fiscales de la provincia de Sevilla han secundado este martes, 22 de mayo, la huelga a nivel nacional convocada por cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales con el fin de mejorar sus condiciones laborales, en cuyo marco han criticado la «inasumible carga de trabajo» así como la «falta de voluntad política» que incide en la «eficacia del servicio público judicial».
Según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla han comunicado que participaban en el paro 142 jueces, quince de las Salas del TSJA, 20 de la Audiencia Provincial y 107 de órganos unipersonales.
Según los datos aportados por representantes de las carreras judicial y fiscal en Sevilla, en la capital el seguimiento de la huelga de los jueces se ha situado en un 75,1 por ciento, destacando los casos de los Juzgados de Menores, con un seguimiento del cien por cien; los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, con un cien por cien; los Juzgados de lo Penal, con un 94,1 por ciento; los Juzgados de Primera Instancia, con un 90,9 por ciento, y los Juzgados de lo Mercantil, con un 85,7 por ciento de seguimiento.
En esta línea, el 85,7 por ciento de los jueces de las cuatro secciones penales de la Audiencia Provincial se han sumado a la huelga. En este caso, los tres que no han secundando la convocatoria de paro han sido los magistrados que juzgan en la Sección Primera a los 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE.
Seguidos de los de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla, con un 73,7 por ciento; los juzgados de Instrucción, con un 71,4 por ciento; los juzgados de lo Social, con un 69,2 por ciento; los de Familia, con un 66,7 por ciento; los de la Sala de lo Social del TSJA, con un 66,7 por ciento, y los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con un 50 por ciento.
En cuanto al seguimiento por parte de los fiscales, en Sevilla capital la cifra se ha situado en un 59,7 por ciento, mientras que en la localidad sevillana de Dos Hermanas, el 87,5 por ciento de los fiscales han secundado la huelga. En total, un 65,1 por ciento de fiscales de la provincia se han sumado a los paros este martes.
En referencia a los juzgados comarcales, el seguimiento de la huelga se ha situado en un 90,9 por ciento, destacando los casos de Coria del Río, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Écija, Osuna, Marchena, Estepa, Lebrija, Sanlúcar la Mayor y Dos Hermanas, en el que los paros se han secundado al cien por cien. En el municipio de Morón de la Frontera, la huelga se ha cifrado en un 50 por ciento, mientras que en Carmona se ha situado en el 33,3 por ciento.
La convocatoria de huelga es una iniciativa de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales.
Críticas a la «inasumible carga de trabajo»
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra Crespo, ha explicado que entre las reivindicaciones del paro de este martes se encuentran «el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la administración acorde con los tiempos; superar las diferencias de informativización de las comunidades autónomas; la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera fiscal; la derogación de la reforma del 2016 en el que se impuso un sistema de plazos y control imposible de seguir en los partidos judiciales; la exclusividad de la formación de los fiscales de la Fiscalía General del Estado y no del Ministerio de Justicia, así como la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal».
Asimismo, Segarra ha subrayado el «balance decepcionante» en materia política dado que «a pesar de que llevamos más de un año presentando estas reivindicaciones a los partidos políticos, aun no hay un compromiso firme para hacer un Pacto de Estado por la Justicia».
Como ejemplo de la problemática, la fiscal jefe ha señalado que «los permisos de paternidad para jueces y fiscales se sitúan en 15 días, en lugar de un mes; la falta de recuperación de días de vacaciones perdidos o la remuneración de 0,41 euros por hora durante la guardia de un fin de semana en municipios como Cazalla de la Sierra».
En este marco, los representantes de los jueces y fiscales que han participado en la rueda de prensa han criticado que «tenemos cargas de trabajo que sufrimos en Sevilla son inasumibles» ya que «las resoluciones mensuales son superiores al modulo que establece el Consejo de Justicia», algo que, a su juicio, «no responde a una sociedad moderna».
«No es de recibo que las sentencias que resolvemos en los juzgados de lo Penal en la actualidad son de 2012 y 2013, lo que evidencia la excesiva cargo de trabajo», han criticado magistrados y fiscales, a la par que han indicado que «no solo reivindicamos nuestras condiciones laborales, sino también el servicio público que damos los jueces, fiscales y abogados sea un servicio público eficaz».
En relación a las conversaciones con el Ministerio de Justicia, jueces y fiscales han señalado que «no tienen ninguna esperanza» ya que «nos ha ignorado completamente, se ha comportado de manera autista y nos han hecho perder el tiempo». Tal es así, según han apuntado, que «tras las reuniones han publicitado avances que nosotros ignorábamos ya que no hacen propuestas concretas».
Magistrados de los ERE no secundan la huelga
Los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, que conforman el tribunal que juzga el caso de los ERE irregulares, han expresado que «comparten plenamente» los motivos de la huelga de jueces y fiscales convocada para este martes, pero que dadas las «peculiarísimas circunstancias» no la secundan.
El presidente del tribunal, el magistrado Calle Peña, ha tomado la palabra antes del inicio de la sesión número 57 de este juicio para expresar que comparten «plenamente» los motivos de la huelga a nivel estatal e iniciativa de las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales (la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales) como acción de protesta por la situación de las carreras fiscal y judicial.