mercasevilla

Trabajadores y prejubilados de Mercasevilla se manifiestan en la Encarnación

Hallados dos «intrusos» en el ERE de 2007

La Consejería de Empleo detecta hasta cinco nuevas irregularidades.

Sevilla Actualidad. Cinco casos más de prejubilaciones irregulares. Así lo ha anunciado el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, después de que una investigación interna de este departamento constatara que cinco ex trabajadores de Mercasevilla se acogieron al ERE aprobado en 2003 sin cumplir los requisitos de edad por no tener 50 años.

Recio ha comunicado que estos cinco trabajadores tenían entonces «49 años y pico», por lo que no cumplían la fecha establecida para poder adherirse al procedimiento, que debían tener entre los 50 y 64 años.

Además, de estas cinco personas “sólo tres tienen una póliza” a la que daba derecho este expediente, ya que “los otros dos no nos consta que la tengan”.

En cuanto al ERE de 2007, aprobado por la Administración autonómica pero de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo, el consejero ha anunciado que «no hay ninguna otra novedad».

En este expediente siguen figurando como “extraños” Antonio Garrido Santoyo, ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza y Carmen Fontela González, viuda de 66 años, ambos jamás trabajaron en el mercado central de abastos.

En el caso de las cinco nuevas prejubilaciones presuntamente irregulares detectadas por los técnicos de la Consejería al concluir ayer el proceso de investigación interna abierto, Recio ha asegurado que ahora pasará toda la información a los servicios jurídicos de Empleo «para ver las acciones que se van a desarrollar».

Ha añadido que «ése es el siguiente paso» para que los servicios jurídicos de la Consejería digan «cómo proceder desde el punto de vista legal» y qué medidas van a adoptarse si hay «responsabilidades administrativas o de otro tipo».

Los EREs de 2003 y 2007

El Expediente de Regulación de Empleo promovido en 2003 por el mercado de abastos de Sevilla tenía como destino el rejuvenecimiento de la plantilla y fue autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía.

El segundo de los procedimientos, en 2007, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acogerse a la prejubilación, elevando así su coste a más de nueve millones de euros.

El por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, autorizó el procedimiento a través varios documentos. En uno de ellos, firmado en abril de 2008 por Guerrero, la administración autonómica se comprometía a abonar cerca de dos millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

Sin embargo, el Gobierno andaluz entiende como «meros actos de comunicación huérfanos» de sustento jurídico tales documentos.

“Cualquier trabajador que cumpliese los 50 podía acogerse al ERE”

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha manifestado que el acuerdo anexo a la resolución que autorizaba el ERE de 2007 contemplaba por un periodo de casi cuatro meses y medio dentro del cual cualquier trabajador que cumpliese los 50 años podría acogerse al procedimiento.

Ante tal hecho, el comité de empresa cuestiona que cinco empleados se prejubilasen sin cumplir la edad requerida, pues «nadie se ha ido de Mercasevilla sin haber cumplido 50 años» y considera que Empleo podría haber incurrido en “un error” a la hora de examinar la relación de cada uno de los trabajadores incluidos en el ERE de 2003.

La Fiscalía solicita que Alaya se aparte del caso

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado que la juez que investiga las supuestas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Alaya, debe ser apartada de la causa debido a que su marido trabajó en la sociedad mixta hasta el año 2001.

Esta decisión de la Fiscalía se produce después de que Mercasevilla remitiera un escrito en el que confirmaba que el marido de la juez participó como auditor de la firma KPMG Auditores S.L., analizando las cuentas de la sociedad mixta hasta el ejercicio económico correspondiente al año 2001, y no en el de 2002.

Una vez se ha pronunciado el Ministerio Público, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial tendrá que decidir sobre si hay causa para recusar a la juez Mercedes Alaya y apartarla o no de la investigación de las supuestas irregularidades cometidas en Mercasevilla, concretamente en lo relativo a los presuntos delitos societarios que habrían cometido los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce y la responsable del área económico-financiera, Pilar Giraldo.

www.SevillaActualidad.com

 

 

Sevilla Actualidad

Sevilla Actualidad

Equipo de redacción de Sevilla Actualidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *