La Fiscalía de Sevilla está solicitando una condena de siete años de prisión para un individuo que será juzgado el próximo día 25 de este mes por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial. Se le acusa de un presunto delito de posesión y distribución de pornografía infantil. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía, en una sentencia recogida por Europa Press, está pidiendo que se le impongan diez años de libertad vigilada y siete años de inhabilitación especial para cualquier actividad que involucre contacto directo con menores de edad, según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público.
Esto ocurre después de que meses atrás, otro individuo fuera condenado a un año y tres meses de prisión por un delito similar de posesión y distribución de pornografía infantil. Este individuo cometió el delito al descargar y distribuir material audiovisual de contenido pedófilo desde su ordenador en su domicilio. En concreto, en una sentencia emitida el 3 de mayo y reportada por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia determinó que el acusado, David F.N., entre los días 22 de abril y 5 de agosto de 2021, descargó archivos con contenido sexualmente explícito de menores de edad a través de su equipo informático en su residencia en Sevilla capital.
En el registro policial realizado el 17 de junio de 2022 en su vivienda, se encontraron en su ordenador programas de descarga de archivos como eMule y uTorrent. El acusado tenía conocimiento de que estos programas eran utilizados para obtener y compartir archivos de temática pedófila, con nombres como ‘Pedo’, ’11 yo’ (años de edad) o ‘PTHC’ (sexo duro con preadolescentes). En el momento del registro, el programa eMule estaba descargando 183 archivos y compartiendo 129 archivos con otros usuarios en la red. Los archivos descargados mostraban a menores involucrados en actos sexuales explícitos, masturbación y primeros planos de sus áreas genitales.
Como resultado, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condenó al acusado a un año y tres meses de prisión por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil. Además, se le impuso una pena de dos años de libertad vigilada después de cumplir la pena de prisión y una inhabilitación especial de tres años y tres meses para ejercer cualquier profesión o empleo relacionado con menores de edad. Inicialmente, la Fiscalía había pedido una condena de tres años de prisión, cinco años de libertad vigilada y cinco años de inhabilitación especial para empleos que involucran contacto con menores de edad.