Una vecina de la Corrala Utopía ha iniciado una huelga de hambre que asegura que no acabará hasta conseguir una reunión con el presidente de Ibercaja para negociar una solución.
La cuenta atrás ha empezado y la solución en la Corrala Utopía está, de momento, anquilosada. El conflicto entre los ocupantes de las viviendas vacías del edificio propiedad de Ibercaja y la dirección de la empresa se recrudece pese a los acercamientos producidos en los últimos meses. De hecho, en la última mesa de negociación convocadas para buscar una solución dialogada, los representantes del banco «no hicieron acto de presencia», denuncian los miembros de la Corrala. «Ibercaja se ha cerrado en banda», lamentan. Pero los plazos judiciales se agotan y si, no media un acuerdo, en aproximadamente un mes tendrá lugar el desalojo forzoso de la Corrala Utopía.
Por ello, varias vecinas se han desplazado hasta la sede de Ibercaja en Zaragoza. Allí están apoyadas por Stop Desahucios, 15M y otros colectivos y asociaciones vecinales de la capital aragonesa. Han anunciado que se mantendrán en Zaragoza «hasta que consigan reunirse personalmente» con Amado Franco, presidente de Ibercaja.
Paralelamente, en Sevilla, Toñi Rodríguez, vecina de la Corrala Utopía, ha decidido iniciar una huelga de hambre indefinida que «no cesará hasta que Amado Franco acepte reunirse con sus compañeras». Desde este jueves, Toño estará en la calle San Fernando, junto a la sede que Ibercaja tiene en esta céntrica calle de Sevilla. Estará arropada por sus vecinas y por miembros de la Plataforma de Apoyo a la Corrala Utopía y del Movimiento Andaluz por la Vivienda. En los próximos días, en apoyo de Toñi y del resto de familias de la Corrala, están previstas acciones solidarias contra Ibercaja que se desarrollarán en todo el Estado, especialmente en Andalucía.
Las vecinas desplazadas a Zaragoza llevan consigo un proyecto que confían en que «siente las bases de una solución negociada». Los miembros de la Corrala contemplan la idea de un alquiler colectivo de todo el inmueble del que se haría cargo una cooperativa constituida por los propios ocupantes del inmueble. Las viviendas estarían en régimen de alquiler social mientras que los locales ubicados en los bajos del edificio servirían para poner en marcha una cooperativa de trabajo para los vecinos y un espacio social y cultural para el barrio de la Macarena.