El Partido Animalista PACMA ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la presunta ilegalidad de la caza de las cotorras de Kramar y las cotorras argentinas, aprobadas mediante la resolución dictada el 19 de junio por la Delegación Territorial de Medioambiente de Sevilla en la que se autorizó al Ayuntamiento de Sevilla a realizar la campaña de gestión de cotorras en la ciudad sin justificar la necesidad de la ejecución de la caza de cotorras al carecer de documentos técnicos que acreditasen amenaza alguna por parte de las cotorras y sin que éstas se encuentren incluidas en al catálogo de especies invasoras. 

El Ayuntamiento de Sevilla autorizó, según cita la nota, «dar muerte, capturar en vivo y perseguir ejemplares de estas dos especies (cotorras de Kramer y cotorras argentinas), incluso durante las épocas de reproducción y crianza, mediante la esterilización y destrucción de huevos y la eliminación y sellado de nidos».

La caza se ampara en «excepciones de la Ley»

El Partido Animalista presentó, por aquel entonces, un recurso de alzada solicitando la paralización de estos controles, desestimado en octubre de 2021 a través de un informe, que justificaba la captura de estos animales no como forma de caza, sino como «control de población» mediante la aplicación de carabinas de aire comprimido. refugiándose en una serie de supuestas excepciones de la Ley 8/2003.

La vicepresidenta del partido, Cristina García, asegura que se está permitiendo cazar de forma presuntamente ilegal con el pretexto de «controlar la población». Así, especifica que «la Ley 8/2003, dispone en el art 7.2 que queda prohibido dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el período de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o destruir sus hábitat, así como sus lugares de reproducción y descanso». Por su parte, añaden que la Ley no permite la caza con armas de aire comprimido.

La denuncia se centra en la caza letal de las cotorras

García hace referencia a las supuestas excepciones apeladas por el Ayuntamiento de Sevilla para la realización de estos controles poblacionales explicando que «la resolución que se recurre no concreta en cuál de las excepciones contempladas por la Ley ampara su resolución, ni justifica la aplicación de las mismas».

Así, el partido animalista afirma que las excepciones contempladas por esta Ley para la aplicación de determinados métodos de control poblacional son aplicables solamente si no hay otras soluciones satisfactorias, argumentando que sí existe la posibilidad de limitar la reproducción de estos animales de formas no letales.

Es decir, y según el comunicado del partido, la denuncia reside en «la legalidad e idoneidad del método de control escogido por el Ayuntamiento». Además, concluye que «la Resolución que se recurre únicamente elabora un cúmulo de opiniones especulativas sin constar en el expediente administrativo informes, estudios o datos sobre la existencia de problemas concretos, medibles y evaluables».