El Grupo Socialista presentará una moción en el Pleno para pedir que se busque el consenso con la asociación de vecinos de Guadaíra para determinar las condiciones de realojo y el justiprecio por la expropiación de las viviendas.
El Grupo Socialista presentará una moción en el próximo Pleno para exigir al gobierno de Zoido que cumpla con los compromisos alcanzados con los vecinos de la barriada de Guadaíra y con los acuerdos adoptados por el Pleno en abril de 2011 y que dé una solución urgente para unos vecinos que residen en viviendas que no reúnen las condiciones mínimas.
Así, en la moción se reclama que las obras de derribo, reurbanización y construcción de nuevas VPO se impulsen en 2014 y que previamente se acuerden con la asociación de vecinos los términos de la expropiación y las condiciones del realojo. “Emvisesa debe abandonar las negociaciones individualizadas con los propietarios de pisos con ofertas que están por debajo de las condiciones que podrían obtener con el justiprecio de las expropiaciones. Debe reconocer a la asociación de vecinos como interlocutor y negociar tomando como punto de partida el justiprecio de las expropiaciones. No puede seguir presionando a los vecinos para que lleguen a acuerdos con Emvisesa que le permitan hacer negocio a costa de los propietarios de las viviendas de esta barriada”, ha explicado el concejal socialista Juan Miguel Bazaga.
En la moción se solicita en primer lugar que los vecinos residentes en de Guadaíra tengan garantizado el retorno a su barriada cuando se construyan las nuevas viviendas sin que esto suponga coste alguno; y que en caso de que se queden en otras VPO obtengan los recursos suficientes por la expropiación para acceder a estas viviendas. Para ello, se solicita que el valor de los inmuebles quede determinado por el coste que van a tener las VPO que se van a construir en la zona. “Eso es lo que se aprobó por el Pleno en abril de 2011 y lo que demandan los vecinos. No se les puede exigir que abandonen sus viviendas ofreciéndoles a cambio simplemente un dinero que no les da para acceder a otro piso y sin garantizarles la opción de regresar a la barriada”,ha resumido el concejal socialista, quien reclamó que la operación, que se ha ralentizado con la decisión del gobierno de Zoido de modificar el PGOU para aumentar la edificabilidad, debe acelerarse y ponerse en marcha en 2014.
Mientras tanto, el Grupo Socialista refleja en su moción los “graves problemas” que se están encontrando los vecinos de la barriada de Guadaíra que siguen residiendo en viviendas con problemas de seguridad y salubridad. “Se les está reclamando la presentación de la ITE pese a que son viviendas que van a ser derribadas en meses y se les están exigiendo la realización de obras de seguridad que asume Urbanismo de forma subsidiaria para luego repercutirles un coste que no pueden afrontar”, ha explicado Juan Miguel Bazaga.
“Los vecinos deben recibir un precio adecuado por la expropiación y deben tener una solución urgente para una situación que es insostenible”, ha subrayado el concejal socialista, quien reclamó que en las previsiones presupuestarias para 2014 se incluya esta intervención “sin más demoras” y garantizando unas condiciones mínimas adecuadas a los vecinos que hayan sido previamente consensuadas con la asociación de vecinos.
El Ayuntamiento niega presiones a los vecinos de Guadaíra
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de la vivienda Emvisesa, ha negado hoy que se esté realizando algún tipo de presión a los vecinos de la barriada de Guadaíra, y ha recordado al PSOE que “las valoraciones las hace la Gerencia de Urbanismo bajo criterios técnicos y legales”.
Así, el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, ha destacado que “no se ha llegado a ningún acuerdo con vecinos, tan sólo nos hemos sentado para saber qué quieren, individualmente y con la asociación que representa a una parte, e informarles de lo que Emvisesa les puede ofrecer”; y ha recordado “la obligación de negociar de manera individual, pues no todos los vecinos se siente representados por la asociación, debido a las distintas sensibilidades existentes, y algunos quieren llegar a un acuerdo”.
Además, Contreras ha remarcado que “no se está exigiendo, ni presionando ni ofertando, sólo estamos exponiendo las distintas posibilidades legales que existen a todos los vecinos”; y ha indicado que “las condiciones se negociarán con cada vecino de manera individual, atendiendo a los interés personales y una vez conocidas las condiciones jurídicas de cada uno”.