El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla está investigando a dos policías locales de Guillena tras una denuncia en la que se les acusa de presuntas «torturas y abandono» de un menor. Así lo relata la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, según ha adelantado Eldiario.es.
Según el escrito de la denuncia presentada por la asociación, el hombre fue detenido estando en compañía de su hijo menor de edad. En el momento de la detención, los agentes trasladaron al padre a la Jefatura, dejando en total abandono al menor en la vía pública en Guillena.
Tras el testimonio del detenido, los testigos y los informes clínicos realizados, la entidad denunciante aprecia «un posible delito de torturas y de abandono de un menor en la vía pública que podría concurrir con el agravante de motivación racista», según ha recogido Diario de Sevilla.
El relato de la asociación
Según la entidad, el detenido «fue golpeado en el costado derecho en varias ocasiones» por los agentes, y habría sido objeto de «insultos y amenazas racistas», todo ello presuntamente. Sin embargo, la pasada primavera el Ayuntamiento de la localidad resolvía archivar las actuaciones ante la denuncia. Ello «al no encontrar indicios suficientes que justifiquen» un procedimiento disciplinario contra los mencionados agentes.
A su vez, la asociación emitió un resultado de las gestiones sobre el asunto. Así, expuso que, tras consultar con el Consistorio, se alegó que no existían cámaras de seguridad en las oficinas de la Policía Local.
El Defensor del Pueblo
El Ayuntamiento esgrimió ante el Defensor del Pueblo un «decreto de Alcaldía por el que se resuelve su archivo al no encontrar indicios suficientes que justifiquen» dicho procedimiento disciplinario, según Diario de Sevilla.
El Defensor del Pueblo ha reclamado así al Ayuntamiento de Guillena que establezca «un libro de registro o de custodia de detenidos donde se anote qué funcionario policial es el responsable directo de la custodia en cada momento y se detallen las incidencias producidas en el periodo transcurrido entre la detención de un ciudadano y su puesta a disposición judicial o en libertad». Asimismo, se ha pedido al consistorio que instale «un sistema de videovigilancia en las dependencias de la Policía Local».