El portavoz socialista afirma que Tussam, Lipasam y Mercasevilla tendrán que ser privatizadas y Aussa, vendida con la nueva reforma local. Reclamará en el pleno un compromiso para preservar los servicios públicos.
El portavoz del Grupo Socialista, Juan Espadas, ha presentado hoy la moción que defenderá en el Pleno de mañana en la que solicita la retirada del anteproyecto de reforma del régimen de la administración local impulsado por el Gobierno central del PP, así como un compromiso del Pleno municipal por el mantenimiento de los servicios públicos locales y que se modifique la normativa para que las grandes capitales tengan un marco competencial más amplio en la ley en vez de tener el mismo margen que el resto de municipios de más de 20.000 habitantes.
“Es un reforma inconstitucional, que trata a los ayuntamientos como menores de edad bajo la tutela del Gobierno central, desmantela sus competencias y deja a los alcaldes en un papel de meros gerentes de los ayuntamientos sin capacidad de actuación. La crisis ha sido la excusa para una reforma puramente ideológica”, explicó el portavoz del Grupo Socialista, Juan Espadas.
Espadas incidió en el efecto que tendrá el nuevo reparto de competencias para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en los servicios que hasta ahora presta el Ayuntamiento de Sevilla. “Ahora se retiran las competencias y se produce una nueva centralización del poder”, resumió Espadas, quien detalló que el Ayuntamiento de Sevilla dejará de tener competencias en materia de seguridad en espacios públicos, con la incidencia que esto tendrá sobre la Policía Local. Asimismo, reducirá el margen de actuación en materia de vivienda, ya que únicamente se podrán gestionar viviendas protegidas públicas con “criterios de rentabilidad financiera”. Del mismo modo, desaparecen las competencias en materia de Salud o Consumo para el Ayuntamiento de Sevilla.
En esta misma reforma, se impide, salvo que haya un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, según unos criterios estrictamente económicos y unos estándares que fije el Gobierno central, que desde el Consistorio se presten servicios sociales, más allá de evaluación y actuaciones inmediatas de urgencia social, lo que implicaría a juicio de los socialistas, la desaparición de muchos de los programas puestos en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla. Lo mismo ocurre en el caso del mantenimiento y obras menores en los colegios de la ciudad, que pasarían a depender exclusivamente de la Junta de Andalucía.
En este sentido, quedaría prohibido por ley y bajo el control del interventor que el Ayuntamiento impulse actuaciones en materia de empleo, incluso cofinanciadas con otras administraciones, ya que se consideraría una duplicidad de competencias. “No tendrían cabida por tanto ni las escuelas-taller, ni los programas de formación ni los Alpes ni los talleres de empleo”, resumió el portavoz socialista, quien incidió en que el Ayuntamiento no tendrían ningún margen de actuación en esta materia así como serias limitaciones para el ejercicio de las competencias en Medio Ambiente o gestión turística.
El anteproyecto de reforma de la administración local tendrá además un efecto directo sobre los servicios que prestan Tussam o Lipasam, ya que se establecerán una serie de estándares de eficiencia y rentabilidad financiera difícilmente aplicables en estas empresas y en los que tendrían poca cabida líneas no rentables, prestaciones sociales como el bonobús para los mayores de 65 años o los desempleados, o las actuales tarifas del servicio de la basura. “El anteproyecto de ley lo dice claramente en su exposición de motivos: se busca favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas que se consideren desproporcionadas”, explicó Espadas.
En este sentido detalló que el anteproyecto supone expresamente la privatización de Mercasevilla al dejar las lonjas y los mercados de ser competencia reservada en régimen de monopolio a los ayuntamientos y equiparable por tanto al transporte público o la limpieza; y la disolución o venta de Aussa al ser una sociedad participada a su vez por otra sociedad municipal, como es el caso de Tussam.
Tampoco según la denuncia socialista, en esta normativa, habría margen para crear nuevas sociedades o empresas públicas hasta la finalización del plan de ajuste, en 2022, para mantener programas de cofinanciación con otras administraciones para materias que no estén expresamente recogidas en el listado de competencias propias municipales o para realizar actividades económicas desde el sector público que puedan entrar en concurrencia con el sector privado, como pueda ser una televisión municipal, como es el caso de Giralda TV.