La ocupación de un inmueble en la calle Lumbreras de Sevilla acabó con cinco detenidos y ocho policías lesionados.
La subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, ha pedido que “se deje trabajar a la Justicia para determinar responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado sábado”, durante la ocupación de un inmueble en la calle Lumbreras de la capital, que culminó con cinco detenidos y ocho policías lesionados, tres de los cuales se encuentran en situación de baja laboral a causa de las lesiones sufridas.
La subdelegada recuerda que, tras la incoación de diligencias policiales, la juez de instrucción tomó declaración a los cinco detenidos y decidió decretar su libertad con cargos, imputándolos por “ocupación ilegal, atentado, desobediencia, lesiones y daños”.
“España es un Estado de Derecho en el que debemos velar rotundamente por la libertad de expresión, de información y de manifestación y garantizar, con la misma rotundidad, que no se vulnere la legalidad vigente ni se conculquen los derechos de terceros”, ha declarado la subdelegada.
“Por esa misma razón debemos respetar la separación de poderes y aguardar a la acción de la Justicia cuando, como en el caso de los incidentes del sábado, se producen agresiones y alteraciones del orden público que requieren la presencia policial”, ha añadido.
Felisa Panadero ha reiterado, en este sentido, que la Policía intervino después de que un grupo de manifestantes alterara el recorrido autorizado para una manifestación del movimiento 15M y se dirigiera a la calle Lumbreras, donde se estaba produciendo la ocupación ilegal de un inmueble cuyo propietario, por otra parte, había pedido ayuda de la Policía.
Respecto a la presencia de una operadora de cámara “freelance” entre los detenidos, también en libertad con cargos, la subdelegada ha reiterado que, “según la versión policial, en ningún momento pudo identificarse como tal y tampoco llegó a mostrar su documento de identidad en el lugar de los hechos, lo que igualmente aconseja esperar a que la justicia clarifique los incidentes acaecidos, salvaguardando el derecho a la presunción de inocencia de ella y del resto de los detenidos”.
“Una vez que los hechos están en poder de la autoridad judicial competente solo cabe esperar a que se complete la instrucción de las correspondientes diligencias, de forma que se diriman responsabilidades con la mayor objetividad posible y de acuerdo a la legalidad vigente”, ha concluido.