Sostiene que “este plan no se ha presentado a las organizaciones que conforman el CESS” y que “tampoco se ha atendido a la demanda de comparecencia de la delegada de Hacienda”.
Los sindicatos CCOO y UGT de Sevilla, así como las organizaciones de consumidores, vecinos y economía social que forman parte del CESS han solicitado la intervención de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en el pleno del consejo, ya que como ha explicado Alfonso Vidán en su intervención, “creemos que el Dictamen que se nos había solicitado, sobre modificación de dos ordenanzas fiscales, no podía cumplimentarse como algo aislado o puntual, ajeno al plan de ajuste aprobado por el pleno municipal el pasado día 30 de marzo”.
El secretario general de CCOO de Sevilla ha lamentado que el Gobierno de la ciudad no haya atendido a esta petición, “hemos de poner de manifiesto nuestro malestar con el Gobierno municipal, y especialmente con la Delegación de Hacienda, que ha obviado cualquier información sobre el citado plan de ajuste, tanto a este Consejo, como a las organizaciones sindicales y sociales que formamos parte del mismo, hecho que lamentamos y sobre el que tomamos nota”, informa el sindicato en nota de prensa.
Alfonso Vidán ha apuntado la “profunda discrepancia” del sindicato con el capítulo ‘Medidas de Gastos’ del citado plan. Al mismo tiempo, ha señalado sobre las ‘Medidas de Ingresos’ que “inciden directa y fundamentalmente sobre el conjunto de las tasas y precios públicos, que dejan en pura propaganda la supuesta rebaja del esfuerzo fiscal anunciada por la Delegada ante este Consejo con motivo de la presentación de las Ordenanzas Fiscales para 2012”.
A este respecto, el secretario general de CCOO de Sevilla ha apuntado que para 2012 y 2013, los sevillanos “no sólo verán incrementado el IBI el 10% en cada uno de los ejercicios, con motivo del Real Decreto-ley 20/201, de 30 de diciembre, sino que “sufrirán un notable y generalizado incremento, en algunos casos desproporcionado, de las tasas y precios públicos, que incluirán, en muchos casos, nuevos requerimientos por los que habrá de tributarse, así como la supresión de bonificaciones como la derivada de la domiciliación bancaria de los recibos”.
Por último, Alfonso Vidán ha recordado que el dictamen del CESS sobre las ordenanzas fiscales, “nos alejamos de posiciones demagógicas que situaban como el objetivo principal la defensa a ultranza de la rebaja fiscal, y defendimos coherentemente que el Ayuntamiento debería garantizar ingresos suficientes que permitieran el funcionamiento de unos servicios públicos de calidad”.
Asimismo, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, ha señalado que el rechazo unánime manifestado este lunes por el Consejo Económico y Social de Sevilla al proyecto del Gobierno local para modificar diversas ordenanzas fiscales supone un “contundente varapalo” al PP que, en su opinión, “debería hacer reflexionar seriamente” al señor Zoido sobre las políticas que está desarrollando desde que asumió el cargo de alcalde.
Torrijos ha subrayado el hecho de que tanto por empresarios como los sindicatos, las asociaciones de consumidores, vecinos, expertos y el sector de la economía social hayan coincidido en “censurar y valorar muy negativamente”, a través de un dictamen que ha sido aprobado por todos los miembros presentes en el Pleno extraordinario del CESS, “la nueva vuelta de tuerca” que el Gobierno local se ha propuesto realizar en materia fiscal, “haciéndolo una vez más sin consenso, transparencia ni diálogo y perjudicando gravemente a la actividad emprendedora y, en última instancia, a los ciudadanos”.
Según ha explicado Torrijos, Izquierda Unida ha sido el único partido político con representación en el Ayuntamiento que ha participado en la reunión del CESS, donde, “como no podía ser de otra manera, hemos votado a favor de un dictamen que compartimos absolutamente”.
El Ayuntamiento dice que la subida “sólo afecta a dueños de negocios”
Mientras tanto, la delegada de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, ha destacado que “la subida no afecta a los sevillanos salvo que sean propietarios de negocios, como hoteles, garajes de alquiler o centros comerciales que hagan reserva de suelo privativo, o taxistas, que por cierto, han apoyado la medida”.
Asimismo, Fley ha señalado que “es injusto que los sevillanos en general paguen impuesto de vehículos y zona azul, y el dueño de un hotel o un garaje, que hace negocio con las plazas, reserve suelo público de forma gratuita”.
La delegada de Hacienda y Administración Pública ha explicado que “la entrada a garajes de particulares o la reserva para discapacitados no se ve afectada por la modificación para que el incremento de las tasas no recaiga sobre particulares”.
Al respecto, Fley ha indicado que la modificación de las Ordenanzas Fiscales que ha sido informada por el CESS en relación con la Tasa de reserva de espacio y entrada de vehículos y de la Tasa del servicio de autotaxi, “es básicamente el desarrollo del compromiso adoptado con el sector del Taxi, consensuado y avalado por el sector, para que se encontraran nuevas líneas de financiación que permitan la realización de diferentes proyectos de modernización y mejora del sector, y sobre el que se ha firmó a finales del 2011 el correspondiente acuerdo con las principales asociaciones del sector”.
Además, la delegada de Hacienda y Administración Pública ha subrayado que «esta modificación es puntual, por lo que no se puede generalizar ni aplicar de forma indiscriminada los criterios que han llevado al establecimiento de un incremento de las tasas al servicio de autotaxis, para el conjunto de las figuras tributarias como se realiza en el informe”.
Fley ha afirmado que “el PSOE vuelve a hacer afirmaciones erróneas puesto que esta medida no deriva del Plan de Ajuste que el Pleno del Ayuntamiento tuvo la obligación de aprobar como mecanismo de financiación de las deudas. Las declaraciones hechas demuestran la falta de desconocimiento del PSOE o mala fe”.
Asimismo, la delegada de Hacienda ha manifestado que “el PSOE comete errores de bulto una vez más cuando sabe que esta modificación no fue aprobada con el paquete de ordenanzas fiscales porque previamente el gobierno quería consensuarlo en el seno del instituto del taxi”.
En cuanto a las declaraciones realizadas por IU, Fley ha reiterado que “habla de repercusiones a los vecinos cuando sabe o debería saber que afecta sólo a taxistas, que han apoyado la subida, y a propietarios de negocios a los que se les cobra a cambio de una reserva de suelo privativo”.
Además, la Delegada de Hacienda y Administración Pública ha recordado que el gobierno municipal ya informó de esta circunstancia el día 26 de marzo. Tal día informó que esta modificación afectaba fundamentalmente a los taxistas, que a partir de ahora pagarán una tasa trimestral de 130 euros por turno único y 260 euros por turno doble, por la reserva del suelo de las paradas. Así como a la revisión documental ordinaria anual del taxi que pasa de 11,96 euros a 91,96. Estas modificaciones se efectúan en base al reciente acuerdo alcanzado con el sector del taxi sobre el Plan de modernización del sector.
Con dichos elementos fiscales, los diferentes proyectos incluidos en el Plan de modernización, podrán tener una financiación complementaria a la aportación municipal, con el objetivo de que la misma no sea realizada exclusivamente por esta vía con cargo a la financiación general del Ayuntamiento.
También afectará a la reserva de suelo frente al lugar donde se realiza una obras (que pasa de ser semestral con importe desde los 134 euros a los 78, a trimestral entre 81 y 58 euros, para favorecer a los que realicen pequeñas obras frente a las grandes actuaciones).
Esta modificación no afecta a entrada de garajes de particulares, y sí a los negocios donde hay garajes en régimen de abonado o rotatorio, así como a los centros comerciales u otros negocios o entidades que soliciten reserva exclusiva de espacios a los que se les aplicará una modificación de importes y de periodicidad en la reserva (hasta ahora se establecía una reserva por cada 5 metros lineales o fracciones de entre 80.06 y 137,21 euros al semestre, y pasa a una tarifa entre 58 y 81 euros al trimestre.
La modificación de las Ordenanzas Fiscales que el día 26 de marzo se presentaron al CESS obedece a la necesidad de adecuar las mismas a la utilización real del espacio público y al valor de mercado del mismo. Dicha modificación se remite al CESS en cumplimiento del calendario necesario para la aprobación definitiva antes del 30 de junio, con el objetivo de alcanzar su primer devengo en el inicio del segundo semestre del año.
De hecho, la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL) concreta que el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará, con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.
La modificación propuesta tiene las siguientes finalidades: por un lado, sujetar a la Ordenanza el aprovechamiento especial del dominio público local por parte de las paradas de auto-taxis. Se ha calculado la Base Imponible de la Tasa en base a informe sobre el valor de mercado emitido por la Oficina Técnica del Dpto. de Gestión de Ingresos, aunque, dada la actual coyuntura económica, para no acentuar la presión fiscal, se ha considerado un valor de repercusión inferior al real, o sea, inferior al precio de mercado del suelo.
Por otro, adecuar al valor actual de mercado el resto de las tarifas relativas a la reserva de espacio del dominio público para aparcamiento exclusivo, para de vehículos y carga y descarga, parada de líneas regulares de transporte colectivo de viajeros. También en este caso se han establecido unas tarifas muy por debajo del valor de mercado estudiado.
Y por último regular determinados aspectos no regulados en la Ordenanza y modificar ciertos preceptos de la misma en aras de una mayor seguridad jurídica. “Toda esta información fue facilitada por el gobierno el día 26 de marzo”, ha concluido la delegada de Hacienda y Administración Pública.