El Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) selló el 20 de diciembre de 2004 un documento que refleja un compromiso entre la Dirección General del mercado central de abastos de Sevilla y su comité de empresa.
El fin del acuerdo era evitar que la plantilla disminuyera su configuración de 189 empleados tras que las partes acordaran un año antes un expediente de regulación de empleo (ERE).
Este y otros documentos desbaratan la tesis de la juez Mercedes Alaya en cuanto a una posible “ilicitud” en la contratación de nuevo personal “por el mismo número de trabajadores afectados” por el ERE de 2003, según sostiene el comité de empresa de Mercasevilla.
Mercedes Alaya, magistrado del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, ha imputado al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, al ex director general de la sociedad mixta Mercasevilla, Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R.M. y Antonio Garrido Santoyo. Todas las acusaciones vienen derivadas de una nueva línea de investigación en torno a posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 desde esta compañía participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa.
Alaya entiende en el nuevo auto, emitido el 20 de enero de 2010 que en la presunta «ilicitud» del ERE de 2007 y en las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en Mercasevilla concurre la participación de «personas absolutamente ajenas al delito ya investigado por esta instancia judicial en cuanto a la anterior gestión del mercado central de abastos”. Sobre esta «ilicitud», señalaba la juez que el ERE de 2007 fue autorizado «por las mismas causas de sobredimensión de la plantilla, económicas y organizativas» que en el caso del expediente de regulación de empleo de 2003, tras el cual fueron contratados «el mismo número de trabajadores fijos que resultaron afectados» por dicho procedimiento de reestructuración laboral.
El comité de empresa, por su parte, esgrime, frente a esta tesis, un documento sellado por el Sercla el 20 de diciembre de 2004 en el que figura como compromiso adoptado por Fernando Mellet, entonces director general de la compañía, el «mantenimiento de la configuración actual de la plantilla, que está fijada en 189 trabajadores». Mercasevilla, según destaca el comité de empresa, tenía así en 2004 un «mandato de no reducir plantilla, una obligación de mantener estos puestos de trabajo» pese a que se consumasen por aquellas fechas las prejubilaciones del primer expediente de regulación de empleo.
En un segundo documento fechado el 22 de diciembre de 2004 y firmado por el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, el primer edil reconoce como «compromiso adquirido» el arbitraje de «mecanismos de aportación y obtención de recursos financieros que garanticen la viabilidad de la empresa o mediante transferencias o ampliaciones de capital», en un supuesto de «déficit que menoscabe los derechos de los trabajadores en algún ejercicio económico de Mercasevilla». En el mismo documento, figura como el mantenimiento del «sistema de servicio público» del mercado central de abastos como otro de los compromisos adquiridos por Sánchez Monteseirín.