El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) investiga en Morón a 34 personas por un Delito Contra la Ordenación del Territorio en el marco de la Operación ‘Olo Jin’.
La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), investiga en Morón a 34 personas por construir ilegalmente en Morón de la Frontera, en el marco de la Operación ‘Olo Jin’, que puso en marcha tras descubrir un asentamiento ilegal de viviendas a modo de construcción en el paraje de Molino Hondo. La urbanización, dotada de servicios de agua y electricidad, contaba incluso con apertura de caminos e instalaciones de contadores, asi como varias obras activas.
A través de diversas investigaciones el Seprona tuvo conocimiento de la existencia de una comunidad de vecinos denominada ‘Molino Hondo’, que gestiona estos servicios de agua y electricidad, así como que el terreno donde se ha construido ha sido subparcelado en 30 lotes.
Estas construcciones consistían principalmente en viviendas residenciales, con piscinas y construcciones anezas de servicios, lo que según informa la Guardia Civil creaba un asentamiento o urbanización ‘fantasma’ que impacta negativamente en el paisaje que lo rodea.
Después de realizar gestiones con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y con un informe urbanístico de las construcciones descubiertas, el Seprona concluyó que todas ellas son ilegalizables, pues no tienen licencias ni proyecto de obra, y se encuentran en un terreno catalogado como no urbanizable de especial protección. Por ello se toma manifestación en calidad de investigados al propietario de la parcela, como responsable de la urbanización y construcción, y a los propietarios de las subparcelas, como responsables de urbanización y edificación, así como a los responsables de la empresas constructoras, al no estar ninguno de estos actos amparados por una licencia o proyecto de obra.
Tras gestiones realizadas con el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera y a traves de un informe urbanístico de los actos de construcción observardos, se llega a la conclusión de que todas las construcciones existentes en las citadas parcelas son ilegalizables, ya que además de carecer de licencias ni proyecto de obra, se encuentran en un terreno catalogado como terreno no urbanizable de especial protección.
Por ello se toma manifestación, en calidad de investigados, al propietario de la parcela como responsable de actos de urbanización y construcción, a los propietarios de las subparcelas como promotores de actos de construcción y edificación, y a los responsables de las empresas constructoras, ya que ninguno de los actos mencionados estaban amparados por una licencia o proyecto de obra.
La Guardia Civil remitió dichas diligencias a la Fiscalía de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico de la Audiencia de Sevilla.