El mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y el apoyo a las familias y a los pequeños autónomos continúan marcando la planificación económica.
La alcaldesa de Lebrija, María José Fernández Muñoz, y el primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, David Pérez Hormigo, han anunciado este martes que «los impuestos y tasas municipales se congelarán para el próximo ejercicio», según informa el Consistorio en una nota.
Unas ordenanzas, según ha matizado la regidora, «que se adaptan a las necesidades actuales y que tienen como principal fin garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad priorizando los servicios básicos». Por ello, ha asegurado que «permanecerán congeladas el 100% de las tasas e impuestos».
El tipo impositivo del impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) queda fijado en un 0,71%, sin variación por cuarto año consecutivo, lo que se traducirá, en la mayoría de los casos, en una congelación del recibo de la contribución. Igualmente, el impuesto sobre Bienes e Inmuebles Rústica queda fijado en un 0,94%, es decir, invariable desde 2014.
La tasa de recogida de residuos y el impuesto de vehículo tampoco aumentarán la presión fiscal, para permanecer en los niveles del ejercicio económico 2013. Respecto a la tasa de ocupación de la vía pública (veladores), cabe mencionar que permanecerá congelada por cuarto año consecutivo, una medida específica de apoyo al sector hostelero de la ciudad.
Políticas de apoyo a colectivos y familias «que más lo necesitan»
En relación a aquellas familias y colectivos que presentan especiales dificultades, la regidora ha asegurado que el Ayuntamiento renovará, en este ejercicio, «su compromiso de prestar su colaboración y apoyo». Entre otras medidas, se mantendrá la subvención del 20% a la contribución para mayores de 65 años. Igualmente, los pensionistas con una pensión por debajo del salario mínimo profesional verán reducida la tasa de basura hasta un 67%.
Además, aquellas familias más vulnerables podrán fraccionar el pago de sus impuestos hasta en 11 meses. En definitiva, para la alcaldesa, se trata de «unas ordenanzas que permitirán la financiación de unos servicios públicos de calidad al tiempo que muestran sensibilidad con la situación económica actual”.