El alcalde de Estepa, Miguel Fernández Baena ha sido imputado por prevaricación, malversación y falsedad documental.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estepa ha imputado al actual alcalde de Estepa, el andalucista Miguel Fernández Baena, por supuestos delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental y un delito contra la Seguridad Social. Junto al alcalde, igualmente han sido imputados por la misma causa el primer teniente de alcalde, el también andalucista Luis Martínez Morón, así como el concejal de obras y servicios generales Antonio Javier Jurado Amador.

Según el partido socialista de Estepa, los supuestos hechos por los que se les imputan son “la paralización arbitraria de las obras de rehabilitación del Mercado de Abastos en junio de 2011, dejándolo intencionadamente inconcluso al destinar por decreto, personal de esta obra a otras labores del Consistorio con el fin de agotar el dinero de la partida, y poder así justificar los despidos que realizó en esa época. Esto también dio lugar al incumplimiento del plazo propuesto en el proyecto y que fue objeto de subvención por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, motivo por el cual la administración ha solicitado el reintegro de la ayuda, más intereses”.

Además, en la causa contra el actual alcalde de Estepa se instruyen otros supuestos delitos tales como la declaración de trabajadores del Ayuntamiento como personal laboral indefinido a través de resoluciones de alcaldía y con informes desfavorables de la Secretaría y de la Intervención, así como la continuada contratación de personal temporal desde que accedió al cargo en junio de 2011, pese a tener una prohibición expresa por ley y contraviniendo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Así, Fernández Baena ha sido citado para declarar en calidad de imputado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estepa el próximo 10 de julio, a petición de la Fiscalía. En la misma fecha, deberán responder ante el juez también como imputados los concejales andalucistas Luis Martínez Morón y Antonio Javier Jurado Amador por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental que están siendo objeto de investigación judicial.

El Partido Andalucista culpa al PSOE

El edil ha defendido su inocencia y ha interpretado la imputación como una oportunidad de explicar que los hechos, que ya investiga la Fiscalía y por la que ya se imputó al ex alcalde socialista.

El Ayuntamiento de Estepa ha asegurado que los hechos por los que se imputan al alcalde, Miguel Fernández Baena, “carecen absolutamente de consistencia”. En cualquier caso y aun defendiendo la inocencia del edil, ha interpretado que la imputación a tenor de una denuncia del PSOE otorga al Gobierno local la oportunidad de explicar, “con todas las garantías procesales, la correcta actuación durante su mandato”.

El equipo de Gobierno ha lamentado la judicialización de la vida política en Estepa y ha criticado que el PSOE trate de lograr en los juzgados lo que no ha podido conseguir en las urnas. También ha recordado que la Fiscalía ha denunciado al ex alcalde socialista Juan García Baena y por los que se le imputan dos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones. La Resolución de Incumplimiento de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, fechado el 12 de julio de 2011 (a escasos días de la toma de posesión del actual equipo de Gobierno), pone de relieve presuntas irregularidades en una de las subvenciones concedidas, por valor de 630.000 euros, aprobada el 16 de julio de 2007.

Además, el actual equipo de Gobierno ha advertido que a su llegada a la alcaldía pudo comprobar como las obras de la Plaza de Abastos carecían de proyecto y no contaban con la autorización de Patrimonio. El Ayuntamiento ha lamentado que la Junta de Andalucía reclame al equipo de Gobierno sendas subvenciones una vez que el PSOE ya no ostenta el poder en Estepa. También ha advertido la inoperancia de la Junta, gobernada durante décadas por el PSOE, para controlar las subvenciones, una vigilancia que solo utiliza con fines partidistas.

“Los hechos concretos imputados actualmente, carecen absolutamente de consistencia, como por ejemplo la acusación de no pagar a la Seguridad Social. En realidad, el actual equipo de Gobierno tuvo que solicitar un aplazamiento para evitar el colapso en el Ayuntamiento de Estepa, el cual se va abonando puntualmente”, han concluido.

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