El periodismo está indefenso en muchos pueblos de la provincia de Sevilla a merced de políticas lesivas impulsadas por las administraciones locales en perjuicio de la ciudadanía. 

Los profesionales del periodismo que llevan a cabo su labor en los pueblos padecen cada día la desidia de unas autoridades políticas hábiles en el escamoteo de la información. Ejemplos de este tipo de políticas lesivas los encontramos, por desgracia, a lo largo y ancho de la geografía andaluza.

Uno de los casos más sangrantes de los últimos meses lo protagoniza el Ayuntamiento de Espartinas con un reglamento aprobado por mayoría absoluta que constata el carácter antidemocrático que han tomado nuestras instituciones. Capaces, incluso, de prohibir el acceso de la ciudadanía al máximo órgano de representación de la administración local: el Pleno de la corporación.

«Los colectivos de periodistas deben romper su ‘silencio tolerante’ en un escenario de retroceso y desigualdad de la profesión ante quienes administran el poder en perjuicio de la ciudadanía»

Sesiones que debieran convocarse con semanas de antelación e informar a la ciudadanía a través de todos los medios para propiciar debates de los ámbitos que les son comunes en el seno de la opinión pública, son convocadas en las tinieblas de la junta de Gobierno, sin antelación ni información pública. En localidades como Castilblanco de los Arroyos, en la Sierra Norte de Sevilla, es norma habitual convocar las sesiones a primera hora de la mañana para, de esta forma, dificultar  la posibilidad de asistir a amplios colectivos sociales como empresarios, trabajadores o estudiantes.

El derecho de la información,  en la base de nuestro sistema democrático, está en el centro de una diana donde van a parar los dardos de las autoridades que debieran tutelar, salvaguardar o garantizar un bien público y universal para la ciudadanía.  El artículo 20 de la Constitución española reconoce el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.

La realidad en el ámbito local dista mucho de asemejarse a lo establecido en la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico. Los dardos restrictivos a los derechos fundamentales en los ayuntamientos de la provincia impactan desde las siglas más diversas: PP, PSOE, Izquierda Unida y UPyD aprobaron la primera normativa que limitaba el derecho a informar de los plenos en Espartinas.

Con tan buena base, la mayoría popular que regenta el Consistorio de esta localidad de algo más de 14.000 habitantes no tuvo oposición para asestar el golpe definitivo dos plenos más tarde y dejar la grabación audiovisual en exclusividad para los operarios municipales, y a discreción de los intereses políticos del partido de gobierno en cuanto a su edición y difusión.

Esta práctica no es ni mucho menos aislada, más bien por el contrario la padecen los profesionales del periodismo en su labor diaria. El Ayuntamiento de Castilblanco, con mayoría absoluta de PSOE, mantiene las emisiones de una televisión municipal ajena a la legalidad desde la que ofrece visiones muy particulares de la realidad local.

El canal, costeado con recursos públicos desde 2007, carece de permisos para operar en la TDT y ha sido objeto de denuncias por censurar a asociaciones, partidos políticos y entidades locales. El Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) emitió un informe constatando que “el 82,95% del tiempo de voz de los actores que aparecieron en los informativos de la cadena en las fechas de análisis correspondió a miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento”.  El sesgo y la falta de pluralismo político de la emisora municipal puso de manifiesto “la inexistencia de debate democrático en los informativos y la ausencia de libertad de expresión de opiniones en dicho espacio, en detrimento del derecho de información de los ciudadanos”, cita el informe del consejo remitido al Pleno de la corporación en junio de 2011. Pero la situación no ha variado año y medio después, pese a las advertencias. La emisión irregular continúa y no ha habido sanción o apercibimiento al Ayuntamiento desde los órganos competentes.

Sin periodismo no hay Democracia: debemos denunciar cada derecho fundamental que irresponsablemente pretenden negar a la ciudadanía o modular a su gusto. Instituciones como la Asociación de la Prensa de Sevilla deberían hacer una radiografía de las administraciones locales que coartan a la ciudadanía el derecho a la información y romper su ‘silencio tolerante’ en un escenario de retroceso y desigualdad de la profesión ante quienes administran el poder en perjuicio de la ciudadanía. Por ello, desde los colectivos de periodistas deben promoverse encuentros con autoridades políticas e iniciar una campaña con el objetivo de suscribir acuerdos en los plenos de las corporaciones municipales en defensa de la libertad de información y del ejercicio del periodismo.

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