El juicio por la violación grupal a una joven en las fiestas de San Fermín queda visto para sentencia tras la presentación de los alegatos finales de la defensa.
El juicio por la violación a una joven en las fiestas de San Fermín en 2016 encara su recta final. Tras la presentación de las conclusiones por parte de las acusaciones en el día de ayer, en la vista de hoy exponen sus informes de conclusiones las defensas de los cinco acusados. El abogado de tres de los procesados, Agustín Martínez Becerra, ha pedido la absolución de sus defendidos en su alegato final, argumentando que las relaciones se produjeron con consentimiento y asegurando que los acusados son víctimas de una «caza» y un juicio paralelo desde el mismo momento de los supuestos hechos.
Martínez Becerra ha reiterado en la sesión que la relación fue «consentida y placentera». Respecto a los vídeos grabados por los acusados y que fueron visionados en la vista oral, Martínez Becerra ha dicho que el informe elaborado sobre los mismos está «lleno de interpretaciones subjetivas». «Ayer habló el abogado del Ayuntamiento de Pamplona de película de ciencia ficción en el relato de mis clientes pero el vídeo es una película porno». Además, el letrado de la defensa ha insistido en que la víctima no prestó resistencia en ningún momento, y ha destacado que el hecho de que aparezca con los ojos cerrados podría interpretarse «tanto como que estaba sometida como que no».
El abogado ha hecho referencia además a la postura de la joven en el momento de prestar declaración, recalcando que «debe tenerse en cuenta su peculiar manera de sentarse, su rictus jovial y la falta de aflición». También ha apoyado su alegato en la foto de Instagram presentada en el informe de los detectives contratados por la defensa, que lleva por pie de foto una frase de un programa de televisión «de una personaje famosa por tríos de todo tipo, lesbianismo y fogosidad». «Piensen lo que quieran de mí, pero excede con mucho la vida normal y mucho más en alguien que ha sufrido una supuesta agresión», ha declarado el letrado.
Martínez Becerra ha denunciado además el «juicio paralelo» al que se han visto sometidos sus defendidos desde que comenzase el procedimiento penal, y ha criticado la decisión del juez instructor de posponer dos meses sus declaraciones, de forma que para entonces «ya se había destripado el móvil de nuestros patrocinados y filtrado interesadamente su contenido, situándolos en el escalafón de los criminales más peligrosos de nuestro país. Había comenzado la caza de ‘La Manada'».
En palabras de Martínez Becerra, sus tres representados «no son modelo de nada; pueden ser hasta unos verdaderos imbéciles, sus conversaciones privadas son de patanes, pero están unidos a sus familias y amigos, son buenos hijos y su imagen ha sido destrozada.» «No agredieron sexualmente a nadie y no deben estar un día más privados de libertad», ha expuesto en su alegato.
Por su parte, Jesús Pérez, el abogado del guardia civil acusado, ha señalado que la denuncia de la joven responde a las «influencias de terceros», como «las campañas de concienciación contra las agresiones sexistas en San Fermín». Pérez apunta así a que la joven habría sido presionada para denunciar, ya que la policía habría buscado los vídeos de los hechos en el teléfono de la joven, sin pronunciarse sobre el hecho de que las grabaciones estaban igualmente en los de los acusados. El letrado ha rechazado también la petición de indemnización de las acusaciones por valor de 250.000 ya que, en su opinión, «no se ha presentado un solo documento que acredite su tratamiento». Pérez ha pedido la absolución para su defendido, que admite haber hurtado el móvil, y solicita para ello el atenuante de confesión y arrepentimiento. «El axioma de las acusaciones es que una mujer no puede conocer a cinco varones y mantener relaciones grupales consentidas», ha concluido el abogado.
Con la exposición de los alegatos de las defensas, el juicio quedará visto para sentencia. La Fiscalía pide por su parte 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados, así como 100.000 euros. Los abogados de la denunciante solicitan 24 años y 9 meses de prisión y 250.000 euros en concepto de indemnización. Una pena que las acusaciones populares, el Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno navarro, elevan a 25 años y seis meses de prisión.