Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias, y venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1200 euros cada cadáver. Llegaron a facturar 5040 euros a una universidad por realizar once incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.

La investigación comenzó a principios de 2023. Los agentes tuvieron conocimiento de que una funeraria había retirado un cadáver la morgue de un hospital de manera irregular. Para ello, habían falsificado el libro de registro del centro hospitalario y la documentación facilitada al Registro Civil.

El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia. Sin embargo, fue vendido para su estudio por casi 1200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.

Buscaban fallecidos sin familiares

Los agentes localizaron otro caso con el mismo modus operandi. Esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y, al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer, quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo.

En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra. Esta pagaba más dinero por el cuerpo, por lo que consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.

Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias, para realizar las irregularidades. De esta forma, se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad.

Realizaban una sola incineración y facturaban varias

Los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones. Al parecer, una vez las universidades hubieran finalizado los estudios con los mismos, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.

Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5040 euros por once incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia.

Los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres. De esta forma, se ahorraban pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica.

Los agentes detuvieron a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma como presuntos autores de un delito de estafa, además a dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental.