La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la investigación contra el expresidente del Sevilla sobre el uso de una cuenta con fondos de la entidad. También se recomienda el sobreseimiento de la causa contra el actual presidente, José Castro.
Fiscalía Provincial ha archivado las diligencias de investigación abiertas contra el expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido sobre el uso que éste hizo de una cuenta con fondos de la entidad durante su etapa al frente del club, a raíz de la denuncia presentada por el Ministerio Público contra el actual máximo dirigente, José Castro, por un posible uso fraudulento realizado por éste de una cuenta similar para sus atenciones personales, hechos que podrían ser constitutivo de un delito de administración desleal y por los que el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla abrió diligencias previas.
Precisamente, también la Fiscalía ha presentado un escrito ante la juez de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, solicitando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones contra José Castro abiertas por un posible delito de administración desleal y un delito de falsedad. En concreto, según han informado fuentes de la Fiscalía, las diligencias de investigación que se seguían por el Ministerio Fiscal contra José María del Nido, que fueron incoadas en virtud de deducción de testimonio de las diligencias que se llevaron contra José Castro, han sido archivadas.
Cabe recordar que, con anterioridad, la Fiscalía decidió archivar también la investigación abierta contra Miguel Ángel del Nido, hijo del expresidente del Sevilla, por una «presunta revelación de secretos» en relación a la filtración de los documentos usados para la denuncia contra el actual presidente del club por parte del abogado y accionista de la entidad Agustín Martínez. Miguel Ángel del Nido, responsable del departamento que gestionaba el libro de socios, los títulos erróneos para anularlos y emitir los nuevos del club, fue despedido de la entidad recientemente.
Ahora, la Fiscalía, en un escrito presentado ante la juez, pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones pues del resultado de la investigación no consta debidamente acreditada la comisión de infracción penal por parte de Castro.
Así, respecto al posible delito de administración desleal, el Ministerio Público señala que la cuenta es «una cuenta con socios y administradores prevista en el Plan General Contable» y que se remonta al año 1998, época en la que el club no tenía posibilidades de obtener créditos de las entidades bancarias, siendo por ello los miembros del Consejo de Administración los que facilitaban ese crédito a la entidad.
«Nunca se ha concretado por el club ni el límite máximo de crédito que podían tener los socios titulares ni el plazo de devolución de los saldos», así como tampoco los conceptos que se podían cargar en la misma. Además, añade en su escrito que es una cuenta incluida dentro de las cuentas generales que formula anualmente el Consejo de Administración y se aprueban por la Junta General de socios, por tanto sometida a control.
Con respecto a la cuenta de Castro, el director administrativo del club, Francisco Javier Cano Navas, en su declaración, indicó que en algunas ocasiones había arrojado un saldo positivo para el presidente, reintegrándoselo con posterioridad la sociedad, alcanzando entre los años 1998 y 2005 los 600.000 euros a favor de Castro, quien también había avalado algunas operaciones del club.
En el año 2006, al contar ya el club con la posibilidad del crédito bancario, es cuando esa cuenta registra ya menor movimiento de aportaciones. Junto con su inclusión en las cuentas de la sociedad, también existía un control en el club sobre los saldos a su favor.
De otro lado, el acta del Consejo de Administración de 21 de julio de 2017 recoge las recomendaciones del Órgano de Cumplimiento a los consejeros sobre el uso de tarjetas de crédito, cargos a cuenta por parte de éstos, venta de acciones de particulares y política de compras de la sociedad. También consta en la investigación la certificación de la Junta General de Accionistas de diciembre de 2017 en la que se aprueba una retribución para los miembros del Consejo de Administración de 500.000 euros anuales, lo que respalda la versión del investigado de que, en espera de esa remuneración que se estaba negociando, no canceló antes el débito de su cuenta.
A partir del mes de septiembre de 2017 es cuando se ha concretado el límite de crédito de los socios titulares de ese tipo de cuentas y el plazo para su devolución, 3.000 euros como máximo a devolver en un año.