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El INEM pide a 18 prejubilados de Mercasevilla que devuelvan el dinero que recibieron en 2007

Un total de 18 prejubilados de la sociedad mixta tendrán que devolver las partidas de las prejubilaciones al contabilizarse éstas como rentas.

El Instituto Nacional de Empleo (INEM) reclama a 18 de los prejubilados de Mercasevilla adheridos al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo. El INEM reclama la reversión de tales partidas a las propias jubilaciones al contabilizarse éstas como rentas, pues el total de prejubilados promueve una demanda para reclamar los “compromisos” de pago de tal ERE, cuyo coste se eleva a más de 9 millones de euros.

El presidente del comité de empresa de la sociedad mixta, Rafael Domínguez (CCOO) ha explicado que el INEM ha contabilizado finalmente como “rentas de ingreso” las pólizas correspondientes a las prejubilaciones a las que se han acogido estos antiguos miembros de la plantilla del mercado central, reclamando a la Ley el reintegro de las cuantías percibidas en concepto de subsidio de desempleo.

Domínguez ha defendido que el ERE de 2007 obliga a caracterizar las prejubilaciones de estos trabajadores según la legislación vigente en aquel momento, que compatibilizaba el subsidio de desempleo con este tipo de ingresos. Por ello ha mostrado la “indignación” del colectivo de prejubilados y del propio comité ante la nueva incidencia del citado ERE.

Demanda de los prejubilados

El pasado 14 de febrero, 34 de los 40 prejubilados del ERE promovido en 2007 llevaron a cabo una demanda para reclamar los compromisos de pago de tal procedimiento. La demanda, promovida por la vía Social, carga contra el propio mercado central, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas, además de la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora ‘Vitalia Vida’.

En concreto, Mercasevilla contrató al Banco Vitalicio para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en este ERE, mientras que a la consultora ‘Vitalia Vida’ la contrataron para labores de gestoría y asesoramiento de trámites administrativos correspondiente a dicho procedimiento. Esta empresa, de hecho, es una de las sociedades que investiga el Juzgado de Instrucción número seis por su relación con la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en los expedientes de regulación de empleo de más de 12 empresas andaluzas.

¿Qué ocurre con el ERE de 2007?

Más de 40 empleados se aprovecharon de este expediente de regulación de empleo impulsado por Mercasevilla, cuyo coste se eleva a más de 9 millones de euros, para acceder a la prejubilación. Sin embargo, sus prestaciones se quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de tal procedimiento, que actualmente se somete a investigación.

Se le incluye en las diligencias relativas al posible delito societario llevado a cabo, presuntamente, por los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.

Imputado también está el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien habría firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la “conformidad” de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007.

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Arenas: “No hay que descartar la financiación ilegal del PSOE”

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha considerado que “en absoluto” hay que descartar una posible financiación ilegal del PSOE en relación a las irregularidades detectadas en los EREs, aunque ha precisado que el hecho de si hay o no financiación ilegal en el PSOE está en el aire y que “hoy por hoy” no tiene pruebas para ir “más allá”.

Arenas ha indicado que de la primera cinta del caso Mercasevilla “podría deducirse” que existe una posible financiación ilegal, ya que en ella existe una grabación del presunto intento de petición de comisiones ilegales que dos ex directivos de la sociedad mixta le hicieron a empresarios del grupo hotelero La Raza.

Sobre las ayudas destinadas a los ayuntamientos, se ha mostrado convencido que habrán pasado por los plenos pero que ningún miembro de la corporación conocería el origen de dichos fondos. Además, ha considerado “evidente” que todas ellas van destinadas a ayuntamientos socialistas. “Se confirma que la trama siempre va en la misma dirección y que los actores tienen un nexo: un partido político y el poder actual que hay en Andalucía”, ha añadido.

Por ello, ha anunciado que su formación ha tomado la decisión de “ampliar la querella” que tiene previsto presentar contra todas las personas que hayan podido beneficiarse de estos fondos para el empleo al margen de la legalidad administrativa.

“Sólo se sabe un 15 por ciento”

Arenas ha expresado que la información que se ha publicado hasta ahora sólo supone “un 15 o un 20 por ciento” de lo que se terminará sabiendo, y se ha mostrado convencido de que “antes o después” se producirá una comisión de investigación parlamentaria.

Asimismo, ha dicho que Rivas, “sigue formando parte de los órganos de dirección del PSOE” y que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tiene que contestar sobre qué le parece que la Fiscalía pida una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión para él y sobre por qué le mantuvo “durante tanto tiempo en el cargo”.

Finalmente, le ha pedido al PSOE que se ponga de acuerdo, destacando que Griñán ha dicho que “no hay ninguna anomalía” en el ERE de Minas de Riotinto. “Se debería reunir con Chaves y Moreno para explicárselo”, ha apuntado Arenas, quien respecto al llamado ‘fondo de reptiles’, ha afirmado que “cada día que pasa se confirma más su existencia”. Y es que, a su juicio, “era un fondo de reptiles que tenía muchas patas, no solamente la pata de los ERE”.

EL PSOE-A pide a Arenas que deje de “embarrar y mentir”

Por su parte, en contestación a las palabras de Javier Arenas, la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha exigido al presidente del PP-A, Javier Arenas, que deje de “embarrar” y de “mentir” sobre este asunto y que si tiene alguna sobre algo, lo ponga en manos de la justicia, como ha hecho la Junta desde el primer momento.

Díaz ha explicado que los socialistas van a ser contundente con quien haya actuado incorrectamente, pero que no van a permitir que se “criminalice a decenas de miles de andaluces que lo han pasado mal” por la situación de crisis de la empresa en la que trabajaban.

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También se ha referido a la reunión de alcaldes miembros de las mancomunidades Cuenca Minera y Andévalo Minero, para analizar los últimos acontecimientos en cuanto al ERE de ‘Minas de Rio Tinto’, sobre todo, según ha expresado, por la “alarma social” que ha creado el PP, con la “persecución de los trabajadores, de las cuencas mineras y de dos comarcas” donde las políticas sociolaborales han sido vitales.

A su juicio, el PP-A debería de explicar por qué lanzó a través de determinados medios de comunicación “las mentiras” sobre el ERE de Riotinto y por qué sigue “mintiendo” a día de hoy cuando dice que el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, no fue mediador en ese expediente en su etapa como delegado del Gobierno en Andalucía.

Respecto a la última información sobre ayudas de los fondos de empleo a municipios, ha manifestado que los ayuntamientos son una parte fundamental en la creación de empleo y tienen que dar respuesta a esa necesidad de sus vecinos, apuntando que ha habido un procedimiento, con un control, y aquellas empresas o entidades que se hayan acogido al mismo, “habrán tenido, evidentemente, respuesta en esas ayudas”.

“Rivas está colaborando con la justicia”

La secretaria de Organización del PSOE-A también ha manifestado, tras ser preguntada sobre si el partido podría abrirle expediente al ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, tras su imputación por la Fiscalía en relación con el caso Mercasevilla, que él está colaborando plenamente con la justicia y que, de momento, no se ha producido ninguna variación en el procedimiento judicial.

El PP pide que Conde Pumpido explique la labor de anticorrupción

El PP va a reformular su petición de comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para explicar en el Congreso las supuestas irregularidades de los EREs. En el nuevo escrito, reclamará información sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción.

Los populares adoptan esta decisión después de que el pasado martes la Mesa de la Cámara Baja, con los votos del PSOE y de los nacionalistas vascos y catalanes, vetara la comparecencia que el PP había registrado para que diera cuenta de ese mismo asunto por tratarse de un tema concreto y no de una generalidad.

Y es que, desde hace años, el órgano de gobierno del Congreso viene rechazando toda petición de comparecencia del fiscal general que se refiere a casos concretos y aconsejando a los grupos proponentes que reformulen su petición para limitarse a un enunciado general.

En la reunión del pasado martes el presidente de la Cámara Baja, José Bono, comunicó a los representantes del PP en la Mesa que el fiscal general de Estado no tendría inconveniente en acudir al Congreso pero, eso sí, les pidió que reformularan su solicitud de comparecencia. Incluso llegó a proponer un enunciado nuevo pero, ante la negativa del PP a modificar su escrito, se sometió a votación y fue rechazado.

Ante este bloqueo de su petición de comparecencia, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció el “obstruccionismo” de los socialistas para conocer la verdad de lo sucedido con la trama de los EREs andaluces.

De ahí que ahora el partido de Mariano Rajoy haya decidido proceder a reformular su petición para que el titular del Ministerio Público informe en el Congreso de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en lo que los ‘populares’ consideran “el mayor escándalo de corrupción en Andalucía en la historia democrática”.

El PA pide que Torrijos comparezca como testigo por la venta de suelos del Merca

El PA ha entregadoun escrito en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla reclamando que la juez Mercedes Alaya convoque, en calidad de testigo, al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y candidato a la Alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos, en el marco de las diligencias incoadas sobre las irregularidades detectadas en el concurso público mediante el que una filial del grupo constructor Sando se alzó con los suelos de Mercasevilla, pese a que en el procedimiento concurría una oferta superior por parte del grupo Noga. En este momento, Rodrigo Torrijos era vicepresidente de la sociedad mixta, participada mayoritariamente por el Consistorio hispalense.

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La secretaria general del PA y candidata andalucista a la Alcaldía, Pilar González, ha informado que “Torrijos puede aportar información significativa o relevante”, y ha recordado que, como vicepresidente del mercado central de abastos de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos participó en la reunión celebrada en noviembre de 2005 por la comisión ejecutiva de la empresa al objeto de aprobar el pliego de condiciones técnicas y particulares que rigió el mencionado concurso público.

A tal efecto, ha rememorado que dicho documento contenía cláusulas “como mínimo ilícitas”, aludiendo expresamente a las limitaciones al alza de las ofertas o la “ocultación” de los derechos de superficie subrogados desde la sociedad mercantil ‘Larena 98’ en favor de la filial del grupo Sando ‘Sanma Desarrollos Urbanísticos’.

Valderas lamenta que el debate sobre los EREs se centre en quién es “más chorizo”

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha lamentado que el debate de los EREs de la Junta de Andalucía esté centrado en “cuál de las dos fuerzas políticas mayoritarias, PP y PSOE, es más chorizo”. Valderas ha considerado que es “un debate frustrante y vergonzoso a espaldas de los ciudadanos, a espaldas del respeto a lo público, de la democracia y de las instituciones públicas”.

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a “la rebeldía” para poner a estas dos fuerzas políticas en la oposición tras las elecciones municipales porque si se consigue, se hará también en la Junta de Andalucía y “habrá capacidad de hacerlo en el conjunto del Estado”.

Pastrana critica que se conviertan las irregularidades en “armas arrojadiza” y dañen un sistema “válido”

El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha criticado que las organizaciones políticas conviertan las posibles irregularidades en los EREs como un “arma arrojadiza” política, situación que “daña un sistema de prejubilaciones que es válido y la imagen de las personas acogidas a él”. Ha señalado que las propias organizaciones políticas “dan por hecho” que existen esas irregularidades en los ERE y “empiezan a acusarse los unos a los otros antes de que se compruebe”.

A su juicio, lo que se debe hacer es “auditar todos y cada uno de los ERE que se han hecho desde la “Administración laboral, la Junta y la Administración central” y ha criticado la “causa general inquisitorial” que se está realizando “sólo y exclusivamente porque se está utilizando como instrumento de agresión política entre las fuerzas políticas y no por los expedientes en sí”.

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