La sesión ha transcurrido con la lectura del informe de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y una parte del escrito de la acusación del Partido Popular.
Este miércoles ha comenzado en la Audiencia Provincial de Sevilla la primera sesión del juicio de la llamada ‘pieza política’ del caso de los ERE, que se ha dedicado por completo a la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular.
La sesión, que se ha extendido a lo largo de más de tres horas, estaba reservada para las cuestiones previas del juicio, y ha versado enteramente sobre la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, cuyas 44 páginas han tardado en leerse dos horas, y una parte del escrito de la acusación del Partido Popular, del que se leyeron 58 de las 103 páginas.
El juicio sienta en el banquillo a 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chavez y José Antonio Griñán, a los que se acusa de los delitos de prevaricación y malversación por la concesión fraudulenta de las ayudas relacionadas con los ERE irregulares.
Las defensas de los acusados amagaron con ausentarse del tribunal en la lectura de este último escrito, a la que se procedió tras un receso, si contaban con el permiso del tribunal, ya que, como expresó Pedro Apalategui, abogado de Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, «no nos aporta nada», una vez se hubo leído el de la Fiscalía, lo que apoyó el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo. La acusación del PP defendió que se leyese el escrito argumentando que hacía referencia a hechos no coincidentes con el de la Fiscalía, sumando a los delitos de malversación y prevaricación el de asociación ilícita de los acusados por organizar el sistema de ayudas fraudulentas. La representación de Manos Limpias se adhirió por su parte al escrito de la Fiscalía.
La Fiscalía pide para los acusados diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y atribuye a 15 de los acusados otro delito también continuado de malversación de caudales públicos. Ello se traduce según la petición de la Fiscalía en seis años de prisión y treinta de inhabilitación para Griñán y diez años de inhabilitación para Manuel Chaves, al que solo acusa de prevaricación.
Por el delito de malversación, la Fiscalía pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Manuel Gómez y Martínez Aguayo, una pena que pasa a ser de ocho años y se mantiene en veinte de inhabilitación para otros 12 acusados: José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano. Además, los 15 tendrán que proceder, según pide el Ministerio Público, a la “devolución a la Hacienda Pública Andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010”, fijando distintas cantidades a reembolsar. La cifra asciende en total a más de 741 millones de euros malversados entre 2000 y 2010, de los que Griñán debe, sostiene la Fiscalía, 483,9 millones, junto a otros acusados.
Por otra parte, la acusación particular de la Junta ha pedido el archivo de la causa, pues sostiene que no hubo “trama criminal” ni se inventó un procedimiento específico para la concesión de las ayudas.
La acusación del PP andaluz ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves, así como ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.