La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la legalización de forma «retroactiva» de los usos agrarios de Doñana a través del cuarto decreto-ley de simplificación administrativa. Este incluye una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Parque Nacional de Doñana.
Así lo ha indicado la vicepresidenta tercera, asegurando que llamará a Moreno este lunes para aclarar la situación e informarle de que la jornada para detallar las medidas del acuerdo de noviembre de 2023, prevista para este martes, ha sido suspendida.
«A mí me preocupa lo que he visto, porque me lo he encontrado ya publicado en un diario oficial», ha manifestado Ribera. La ministra ha recordado que le consta que, para el presidente Moreno Bonilla, «la cuestión de llegar a un acuerdo sobre la protección de Doñana era un asunto importante. Entonces no sé si es que ha habido algún tipo de malentendido por el camino», ha subrayado.
«Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable, buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el Patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que, frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal», ha lamentado.
Suspendida la jornada de este martes
En este contexto, la vicepresidenta tercera ha explicado que este martes había organizada «una jornada con las distintas organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos, agricultores, para poder conversar y detallar los términos exactos en los que irían saliendo adelante las medidas acordadas en noviembre del año 2023, hace menos de tres meses». Una reunión que va a «suspender», ya que quiere «entender qué es lo que ha ocurrido».
Todavía con un análisis de los servicios jurídicos del Ministerio «pendiente», la vicepresidenta ha dicho que lamenta «profundamente» lo ocurrido y que está «sorprendida» de habérselo encontrado así, «sin haber podido intercambiar impresiones».
Teresa Ribera ha subrayado que, sin embargo, se continuará adelante «sin ningún tipo de problema con las cuestiones vinculadas a las inversiones de la Confederación, a todo el marco Doñana de 2022».
Adelante acusa a la Junta de intentar «colar» la Ley de regadíos
El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha acusado a la Junta de Andalucía de intentar introducir de manera encubierta la polémica proposición de ley de regadíos de Doñana, originalmente presentada por el PP-A y Vox y posteriormente retirada, en el cuarto decreto de simplificación administrativa. Salvador denunció que el nuevo decreto refleja disposiciones similares a las contempladas en la ley de Doñana, utilizando «copia y pega» para incluir aspectos que habían sido objeto de críticas por parte de la Unión Europea, movimientos ecologistas y la sociedad andaluza en general.
Según Salvador, esta maniobra evidencia el interés del PP por acelerar la entrada en vigor del decreto de simplificación administrativa, que en realidad no simplifica la burocracia, sino que busca eliminar controles y garantías en asuntos cruciales. Afirmó que el PP está faltando al respeto al Parlamento de Andalucía y a los demás partidos políticos al no permitir un debate sereno sobre el nuevo decreto, sugiriendo que detrás de esta falta de transparencia hay intereses particulares, principalmente favorecer a grandes empresas para que puedan privatizar y actuar según su conveniencia, bajo la fachada de una supuesta simplificación administrativa.
El PSOE pide la retirada inmediata del decreto
El portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha expresado su preocupación sobre el cuarto decreto de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno del PP-A. Aguilar ha instado a la Junta a retirarlo antes de su debate en el Parlamento andaluz, criticando la inclusión de normas que no tienen relación con la simplificación administrativa, como la proposición de ley de Doñana acordada previamente para retirarse.
Además, ha denunciado la eliminación de varios órganos consultivos importantes y la falta de abordaje de la falta de medios en la Administración. Aguilar también ha señalado que el decreto abre la puerta a procesos especulativos y privatizadores, ejemplificando con la posibilidad de conciertos con entidades privadas en servicios sociales y la agilización de autorizaciones para centros docentes privados. Concluyó exigiendo la retirada inmediata del decreto y llamando a un enfoque consensuado en la elaboración de leyes de simplificación administrativa, advirtiendo que de lo contrario podría enfrentar acciones legales y profundizar la crisis en Doñana.