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El que fuera consejero de Presidencia de la Junta ha declarado ante el Supremo que en las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces no se tomaban decisiones políticas.
El exc onsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y diputado nacional Gaspar Zarrías ha manifestado este jueves en el Tribunal Supremo que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como ‘fondo de reptiles’ que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces -los denominados ‘consejillos’- y se elevaron al Consejo de Gobierno «eran ajustadas a derecho» y contaban con «todos los requisitos que marca la ley».
En declaraciones recogidas por agencias tras su declaración en el Supremo, que se ha prolongado durante casi tres horas y media, y en una breve intervención en la que no ha aceptado preguntas, Zarrías ha dicho que ha dejado «claro» ante el instructor Alberto Jorge Barreiro que los consejillos que presidía «no tenían poder decisorio» y solo elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban «plenamente aceptados por la legalidad».
Zarrías ha respondido tanto al instructor del caso como a los fiscales que los citados «consejillos» no son órganos de decisión política sino administrativa, por lo que en sus actas no se fija ninguna referencia a las «transferencias de financiación».
Del mismo modo, ha incidido en que carece de responsabilidad respecto a las acusaciones planteadas por la juez que investiga el caso en Sevilla, Mercedes Alaya, declarando en la misma línea que han venido haciéndolo el resto de aforados.